El Gobierno nacional modificará por decreto la Ley de Glaciares con el objetivo de ampliar los márgenes de explotación en zonas periglaciares. La medida afectará la reglamentación de la Ley 26.639, y habilitará ciertas actividades económicas donde hoy están restringidas, como la minería, la instalación de industrias y la construcción de infraestructura.

Desde el Ejecutivo reconocen presiones del sector empresarial y sostienen que buscan brindar "seguridad jurídica" para atraer inversiones. La intención es reducir las áreas protegidas a aquellas formaciones de roca o escombros activos que cumplan con criterios específicos: superficie mínima de una hectárea, persistencia de al menos dos años, función hídrica relevante y registro en el Inventario Nacional de Glaciares.

El Gobierno mantendrá las restricciones sobre los glaciares cubiertos y descubiertos, y seguirá exigiendo informes de impacto ambiental. También impulsará una mayor intervención de las provincias en la habilitación de proyectos en sus territorios.

La iniciativa está siendo trabajada por el Ministerio de Economía, bajo la conducción de Luis Caputo, con la participación de la secretaria de Energía, María Tettamanti; el coordinador de Energía y Minería, Daniel González; y el equipo legal de María Ibarzabal.

El oficialismo ya había intentado incluir estas modificaciones en el proyecto original de la Ley Bases aprobado en 2024, pero debió retirarlas ante la falta de consenso legislativo. Las reformas formaban parte de un capítulo que también buscaba permitir el uso productivo de zonas boscosas y eliminar el Fondo de Bosques.

A comienzos de año, la ONU advirtió que esas iniciativas eran "regresivas" y podían comprometer derechos ambientales. El pronunciamiento fue firmado por cinco relatores del organismo y enviado a la entonces canciller Diana Mondino.