El Gobierno nacional negocia contrarreloj un nuevo pacto fiscal con los gobernadores para frenar el avance opositor en el Congreso, en medio de la creciente dificultad para sostener vetos y blindar las cuentas fiscales. La Casa Rosada reconoce que la debilidad parlamentaria de La Libertad Avanza puede derivar en un impacto negativo en el mercado, especialmente si se caen vetos clave en ambas cámaras.
Desde el Ejecutivo advierten que cualquier iniciativa que altere las cuentas públicas, como aumentos jubilatorios, fondos especiales o mayores transferencias, podría comprometer los objetivos de déficit cero, y por eso buscan desactivar esos proyectos con negociaciones políticas.
"Lo único que nos importa es llegar a octubre sin temblores", aseguran en los pasillos de Balcarce 50. El temor es que la caída de vetos en el Congreso genere inestabilidad financiera y complique la confianza de los mercados, en un contexto donde el Gobierno depende del equilibrio fiscal para sostener su programa económico.
Gobernadores, la clave del equilibrio fiscal
La mesa política del Gobierno, encabezada por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el vicejefe de Interior, Lisandro Catalán, tiene previsto reunirse con un grupo selecto de gobernadores después del 9 de julio. El encuentro se realizará tras los festejos patrios, en los que el presidente Javier Milei viajará a Tucumán junto al gobernador Osvaldo Jaldo, quien ha mostrado señales de tensión en su relación con el oficialismo.
El objetivo es cerrar un acuerdo político que impida que legisladores de provincias aliadas den quórum o acompañen proyectos que no cuenten con el visto bueno del Gobierno. A cambio, la Nación está dispuesta a discutir concesiones en el reparto de fondos y la coparticipación, temas sensibles para las finanzas provinciales.
Entre las iniciativas que preocupan al oficialismo se destacan el aumento del presupuesto universitario, la emergencia en discapacidad, la suba en las jubilaciones y la creación de un fondo millonario para los damnificados por el temporal en Bahía Blanca. También están sobre la mesa proyectos para modificar la distribución de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y aumentar la coparticipación del impuesto a los combustibles.
Una interna que suma ruido
Mientras negocia con las provincias, el Gobierno también enfrenta su propia interna política. Las tensiones crecen entre los armadores de La Libertad Avanza, vinculados a Karina Milei, y el equipo del asesor presidencial Santiago Caputo, responsable de la estrategia política no partidaria.
Desde el círculo de Caputo acusan a los armadores libertarios de entorpecer la gobernabilidad al priorizar el crecimiento territorial del partido en distritos aliados, mientras que desde el sector cercano a Karina Milei defienden esa estrategia como la única vía para consolidar poder real en el interior.
Javier Milei, por el momento, se mantiene al margen de la disputa interna. Sin embargo, la Casa Rosada reconoce que la fractura en la estructura libertaria podría debilitar aún más las chances del oficialismo de lograr acuerdos estables con el Congreso y las provincias.
El desafío de sostener el ajuste hasta octubre
La Casa Rosada insiste en que vetará cualquier proyecto que impacte en el equilibrio fiscal, incluso medidas que podrían tener alto impacto social, como la baja de retenciones al agro o aumentos de presupuesto para sectores sensibles como la educación y la salud.
A la vez, el Gobierno busca aprovechar la negociación con las provincias para impulsar reformas más amplias, como la modificación de la Ley Penal Tributaria y la de Procedimiento Fiscal, que apuntan a blanquear dólares no declarados y fortalecer las reservas.
En medio de este delicado equilibrio, el oficialismo apuesta a que un pacto fiscal con las provincias sea la llave para garantizar la gobernabilidad y evitar sorpresas legislativas hasta las elecciones de octubre, cruciales para definir el futuro político y económico del país.