Por medio del Decreto 366/2025, el Gobierno nacional puso en marcha una profunda reforma del régimen migratorio, con el objetivo de reforzar los controles fronterizos, limitar el acceso a ciertos servicios públicos y acelerar los procesos de expulsión de extranjeros que cometan delitos. La norma fue publicada este jueves en el Boletín Oficial y modifica aspectos clave de la Ley de Migraciones N° 25.871.
Entre los principales cambios, se redefinieron las categorías de residencia y se endurecieron los criterios para la admisión y permanencia de ciudadanos extranjeros. Según el texto oficial, estas medidas buscan prevenir el ingreso de personas que puedan representar un riesgo para la seguridad pública y asegurar que quienes lleguen al país lo hagan en forma legal y con propósitos legítimos.
Uno de los puntos centrales es la modificación del artículo 6 de la ley, que establece que los inmigrantes tendrán acceso a los mismos derechos que los ciudadanos argentinos, pero en función de su categoría migratoria. Esto incluye áreas como salud, educación, justicia, trabajo y seguridad social.
En materia educativa, el decreto dispone que todos los extranjeros —incluso aquellos en situación migratoria irregular— deberán ser admitidos en los niveles inicial, primario y secundario, tanto en instituciones públicas como privadas. En el ámbito universitario, en cambio, las casas de estudio podrán establecer aranceles para quienes no cuenten con residencia permanente. Aun así, se contempla la posibilidad de otorgar becas mediante convenios específicos.
En lo que respecta al sistema de salud, se garantiza la atención de emergencias sin restricciones, pero se limita el acceso habitual a los centros públicos administrados por el Estado nacional únicamente a quienes presenten un seguro de salud o abonen previamente el costo del servicio. Los extranjeros con residencia permanente podrán acceder al sistema en igualdad de condiciones que los ciudadanos argentinos.
Otra novedad es que los extranjeros deberán presentar, al ingresar al país, una declaración jurada con los motivos de su arribo, comprometiéndose a no desvirtuarlos. Además, se reforzó el control sobre la autenticidad de la documentación migratoria y se aumentaron las sanciones para quienes ingresen de forma irregular o con papeles falsos.
Entre las medidas más novedosas figura la creación de la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, que otorgará la ciudadanía argentina a extranjeros que realicen inversiones significativas en el país. Esta política apunta a fomentar el ingreso de capitales y estimular la generación de empleo como parte de una estrategia más amplia de reactivación económica.
Con estas reformas, el Ejecutivo busca dar respuesta a los desafíos que representan los flujos migratorios en un contexto de tensiones económicas y sociales. Según lo expresado en el decreto, se trata de una actualización del marco legal migratorio con el objetivo de garantizar la seguridad interna y el bienestar de los habitantes, sin dejar de ofrecer oportunidades a quienes deseen integrarse legalmente a la sociedad argentina.