El Gobierno Nacional enfrenta un escenario de negociaciones complejas en su intento por avanzar con las designaciones para la Corte Suprema de Justicia, en medio de tensiones con el kirchnerismo y la oposición. La posibilidad de nombrar a Manuel García-Mansilla por decreto, si el Senado aprueba únicamente el pliego de Ariel Lijo, refleja la creciente división en torno a las decisiones clave sobre el máximo tribunal.
Desde la Casa Rosada, sostienen una postura firme: "salen los dos o ninguno". La reciente firma de la senadora Lucía Corpacci para apoyar el pliego de Lijo generó malestar, ya que el oficialismo considera que no estuvo coordinada con la estrategia global. Fuentes gubernamentales apuntaron directamente contra Cristina Kirchner, acusándola de buscar imponer su posición.
Un alto funcionario advirtió que, de no lograrse un consenso, el Gobierno podría designar a García-Mansilla por decreto, y agregó que esta decisión podría tener implicancias directas en la causa Vialidad, donde Cristina Kirchner enfrenta condenas judiciales.
Posiciones del kirchnerismo y la oposición
Por su parte, el jefe de bloque del Frente Nacional y Popular, José Mayans, expresó disposición a negociar, pero insistió en la necesidad de incluir a una mujer en la Corte Suprema, con un perfil que coincida con la visión estatal del kirchnerismo. La inclusión de una figura femenina ha sido una demanda recurrente en los debates sobre la composición del tribunal, aunque desde el Ejecutivo descartan avanzar en esta dirección en el corto plazo.
La oposición, por otro lado, sigue manteniendo distancia y condicionando los acuerdos a garantizar transparencia y equidad en el proceso de selección.
El contexto añade urgencia a las negociaciones, ya que en diciembre la Corte Suprema podría quedar con solo tres integrantes debido a la salida de Juan Carlos Maqueda, quien alcanzará el límite de edad de 75 años para integrar el tribunal. Desde Balcarce 50 aseguran que "no hay chances de que la Corte quede con tres jueces en diciembre", y destacan que agotarán todas las herramientas para evitar esta situación.
En paralelo, el Ejecutivo busca avanzar con la aprobación de 150 pliegos de jueces para cubrir vacantes en el Poder Judicial, y también trabaja en acuerdos para reemplazar a Eduardo Casal en la Procuración General de la Nación. Estas negociaciones incluyen a gobernadores y sectores del Congreso, buscando consolidar consensos que permitan destrabar múltiples frentes abiertos.
La estrategia del Gobierno parece estar centrada en ejercer presión mediante la amenaza de designaciones por decreto, mientras intenta avanzar en acuerdos parciales que faciliten los nombramientos clave. Sin embargo, el panorama político está cargado de incertidumbre, con el kirchnerismo y la oposición jugando un rol crucial en definir el desenlace de estas tensas negociaciones.
El desenlace tendrá implicancias significativas para la estructura judicial del país, así como para el balance de poder entre las distintas fuerzas políticas en el próximo año.