El Gobierno nacional resolvió posponer hasta marzo las negociaciones con la oposición por las vacantes en la Corte Suprema de Justicia y en los juzgados federales. Según confirmaron fuentes oficiales, el Ejecutivo no incluirá las candidaturas en el temario de sesiones extraordinarias, y la definición del presidente Javier Milei es que el tema se trate recién durante las sesiones ordinarias del Congreso.
"La línea que bajó el presidente es que el tema no se mueva hasta después de extraordinarias", señalaron desde la Casa Rosada.
En el entorno presidencial remarcan que las principales prioridades legislativas para el Gobierno son el Presupuesto 2026, junto con las reformas laboral y tributaria, además del proyecto que busca promover la utilización de los llamados "dólares del colchón".
Mientras tanto, persiste la tensión interna en el oficialismo respecto de la interlocución judicial con el Congreso, en medio de la reconfiguración del gabinete nacional. Aunque algunos sectores mencionan al viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, como el negociador autorizado, otros funcionarios admiten que "puede haber cambios" en el área.
Esa indefinición también explica la demora en la salida del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, quien había anunciado su renuncia de manera pública. La mesa chica del Presidente no logró acordar aún a su reemplazante y resolvió postergar su salida. Entre los nombres en análisis figura el del intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro.
Desde el Ejecutivo aseguran que están dispuestos a negociar con el kirchnerismo una posible ampliación de la Corte Suprema, con referentes como el ministro bonaerense Juan Martín Mena y el titular de la Auditoría General de la Nación, Juan Manuel Olmos, como interlocutores clave.
Sin embargo, en el Gobierno reconocen que aún no definieron los candidatos que impulsarán en 2026. Las nominaciones de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, propuestas en 2024, cayeron en abril de 2025 al no conseguir la aprobación del Senado. Desde entonces, el oficialismo mantiene una lista de posibles aspirantes al máximo tribunal, entre los que figuran los abogados Ricardo Ramírez Calvo, Carlos Laplacette, Alberto Bianchi y el exjuez federal Ricardo Rojas, quien también había sido considerado para la Procuración del Tesoro.
La Casa Rosada buscará además negociar con los gobernadores la cobertura de 150 juzgados federales vacantes, con la intención de avanzar en acuerdos antes de mitad de año. En paralelo, la mesa política de Balcarce 50 planea incluir en la discusión el reemplazo del procurador general Eduardo Casal y de la defensora general Stella Maris Martínez, aunque por ahora no existen propuestas cerradas para esos cargos.
En Catamarca, el tema también es seguido de cerca por sectores judiciales y políticos locales, atentos al impacto que las designaciones en el ámbito federal podrían tener en la estructura judicial regional.