El Gobierno prepara un nuevo paquete para desregular áreas sensibles de la economía
El Ejecutivo avanza en la revisión de un conjunto de proyectos que busca modificar el funcionamiento de sectores estratégicos de la economía. Mientras los textos permanecen en etapa de análisis, el oficialismo enfrenta un escenario legislativo complejo para impulsar una agenda de reformas que ya encuentra resistencias políticas y sectoriales.

El Gobierno se encuentra trabajando en un nuevo paquete de proyectos legislativos destinado a profundizar la desregulación de distintos sectores de la economía. Si bien desde la Casa Rosada sostienen que el conjunto de iniciativas es más amplio, tres ejes aparecen como los pilares centrales de la propuesta: una reforma integral del Código Aduanero, una reconfiguración del mercado inmobiliario y una modificación del régimen de cabotaje para el transporte comercial entre puertos argentinos.

Los borradores de la reforma del Código Aduanero y de la desregulación del mercado inmobiliario se elaboran dentro del ámbito del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, con la participación del ministro Federico Sturzenegger. En tanto, la iniciativa vinculada al cabotaje forma parte de una agenda que también involucra al Ministerio de Economía, lo que refleja el alcance transversal de las reformas que el Ejecutivo pretende impulsar.

Aunque todavía no existe una fecha confirmada para el envío de los proyectos al Congreso, desde el Ministerio de Desregulación señalaron que los textos "están en revisión" y remarcaron que el objetivo de las reformas consiste en "fomentar la competencia" en los sectores alcanzados.

Mercado inmobiliario: cambios en el corretaje y en el funcionamiento de los colegios profesionales

Uno de los proyectos más relevantes apunta a modificar el funcionamiento del mercado inmobiliario, especialmente en lo referido a la actividad de los corredores.

La iniciativa propone que el corretaje deje de ser considerado una "profesión liberal" para pasar a encuadrarse como un servicio de intermediación comercial. Ese cambio implicaría una redefinición del marco regulatorio vigente y tendría impacto sobre la organización institucional del sector.

Entre los principales aspectos contemplados en el proyecto figuran:

  • Modificar el esquema de funcionamiento de los colegios profesionales.
  • Permitir que los corredores operen sin restricciones geográficas entre distintas jurisdicciones.
  • Eliminar la obligatoriedad de contar con matrícula otorgada por un colegio profesional.

La propuesta busca alterar la estructura regulatoria bajo la cual actualmente se desarrolla la actividad, dentro de una estrategia más amplia orientada a promover una mayor competencia.

Reforma del Código Aduanero: menos trámites y revisión del régimen de contrabando

Otro de los pilares del paquete legislativo es la reforma integral del Código Aduanero, que apunta a introducir cambios estructurales en la operatoria del comercio exterior.

Entre los objetivos planteados por el Ejecutivo se encuentran la reducción de trámites administrativos y de la burocracia para agilizar tanto el ingreso como el egreso de mercaderías del país. La iniciativa también contempla modificaciones en los mecanismos de control y en la dotación de personal vinculada a la actividad aduanera.

Los ejes principales del proyecto incluyen:

  • Reducción de procedimientos burocráticos.
  • Agilización de las operaciones de comercio exterior.
  • Modificación de los sistemas de control.
  • Revisión de la dotación de personal.
  • Cambios en la figura del contrabando y en las penalidades previstas para ese delito.

La intención es producir una transformación de fondo en el funcionamiento del sistema aduanero mediante una revisión integral de sus mecanismos operativos.

Cabotaje: apertura del transporte entre puertos argentinos

El paquete incorpora además una reforma de la Ley de Cabotaje, normativa que regula el transporte comercial de cargas entre puertos argentinos.

La propuesta tiene como objetivo ampliar la competencia para reducir costos logísticos y habilitar un esquema más abierto para la actividad marítima y fluvial.

Entre las modificaciones previstas aparecen:

  • Permitir que buques con bandera extranjera operen servicios de navegación marítima y fluvial dentro del país.
  • Autorizar la participación de tripulaciones extranjeras en esas operaciones.
  • Modificar el régimen de los prácticos, profesionales encargados de asistir a los capitanes durante las maniobras de ingreso y salida de los puertos.

La eventual implementación de este esquema anticipa un debate con distintos actores del sector, entre ellos navieras, sindicatos y representantes de la marina mercante, debido al impacto que podría generar sobre el empleo, los registros y el régimen impositivo ante una mayor presencia de embarcaciones extranjeras.

Facultades delegadas: los borradores y la desmentida oficial

Según pudo saber Infobae, algunos de los borradores que comenzaron a circular durante la semana incluían un pedido al Congreso para otorgar nuevas facultades delegadas al Poder Ejecutivo en el marco de una emergencia administrativa.

De acuerdo con esa versión, la herramienta legal permitiría avanzar con nuevas desregulaciones de manera más rápida y mediante decretos.

Sin embargo, tras la consulta realizada por ese medio, altas fuentes gubernamentales desmintieron categóricamente que el proyecto contemple esa posibilidad.

Un escenario legislativo con obstáculos políticos

La presentación de este nuevo paquete se produce en un contexto en el que el oficialismo ya impulsa otras iniciativas con objetivos similares dentro del Congreso, aunque con dificultades para lograr los consensos necesarios.

La semana pasada, la sesión en la que comenzó a tratarse el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada debió pasar a cuarto intermedio hasta el 6 de agosto por falta de respaldo de bloques aliados.

El punto de mayor controversia fue la propuesta para eliminar restricciones a la venta de tierras a extranjeros, debate que coincidió con un contexto político marcado por la reciente victoria frente a Inglaterra y por las reivindicaciones nacionalistas generadas tras la exhibición de la bandera de Malvinas por parte de los jugadores de la Selección.

En ese escenario también tomó protagonismo la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien, en un chat privado con Patricia Bullrich que posteriormente se hizo público, afirmó que esa iniciativa implicaba "vender el país" y acusó al oficialismo de no otorgar importancia a la "integridad territorial".

Los proyectos pendientes en el Congreso

El proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada no sólo contempla la cuestión de las tierras, sino que además incorpora otras modificaciones relevantes.

Entre ellas se destacan:

  • Mecanismos para agilizar los desalojos.
  • Cambios en la Ley de Manejo del Fuego.
  • Modificaciones a la Ley de Expropiaciones.

Su futuro aparece como incierto en el Senado, cámara que además deberá avanzar con el tratamiento definitivo de la denominada Ley Hojarasca, iniciativa orientada a eliminar leyes obsoletas y regulaciones consideradas innecesarias.

A ese escenario legislativo se suma otro proyecto que todavía no comenzó a debatirse: la nueva Ley General de Sociedades, una propuesta que generó discusión a nivel internacional por las denominadas "sociedades automatizadas", concebidas para el desarrollo de la Inteligencia Artificial.

Con los textos aún bajo revisión y sin una fecha definida para su envío al Congreso, el Gobierno busca consolidar una agenda de desregulación que abarca sectores considerados estratégicos para la economía. No obstante, el recorrido parlamentario de las iniciativas se perfila como un proceso atravesado por debates políticos, diferencias entre aliados y cuestionamientos de actores económicos y sociales involucrados en cada una de las reformas propuestas.