El 12 de marzo de 2025, una protesta convocada en defensa de los derechos de los jubilados se transformó en un violento enfrentamiento en el Congreso. La manifestación, impulsada por agrupaciones a través de redes sociales, registró serios disturbios que escalaron en violencia entre la policía y los manifestantes. Hubo 124 detenidos y más de 40 heridos. El fotógrafo Pablo Grillo sigue internado, grave, herido por un cartucho de gas lacrimógeno.
A pesar de las duras críticas a la forma en que se llevó a cabo el operativo de las fuerzas de Seguridad, el Gobierno desestimó su responsabilidad por heridos como Grillo y dirigió el eje de discurso al gremialismo y su supuesta vinculación con posibles infiltrados de barras de fútbol que habrían desatado la violencia. En este marco, el Ministerio de Seguridad dirigido por Patricia Bullrich presentó una denuncia por los delitos de sedición, atentado al orden Constitucional y la vida democrática y asociación ilícita agravada. Además, pidió a la Justicia que "se requiera la declaración de incompetencia por 'inhibición'" a la jueza que liberó a los detenidos.
Leandro Capriotti y los Vínculos con el Gremialismo
Según la denuncia del Ministerio de Seguridad, uno de los principales organizadores de los disturbios fue Leandro Capriotti, quien tiene estrechos vínculos con el histórico dirigente sindical Luis Barrionuevo. Este dato sugiere una mezcla peligrosa entre el fútbol, el gremialismo y la política en la organización de la violencia.
Los grupos de barras bravas provenientes de municipios como La Matanza y Lomas de Zamora, en la provincia de Buenos Aires, llegaron al Congreso bien preparados para el enfrentamiento. Armados con palos, cuchillos y otros objetos contundentes, los manifestantes se enfrentaron violentamente a las fuerzas de seguridad, demostrando que la violencia fue premeditada y organizada. Los agresores tenían claro su objetivo: generar caos, represión y desestabilizar el orden institucional.
Desestabilización política: El Gobierno denuncia un intento de golpe
El Gobierno de Javier Milei considera que los disturbios no fueron solo una protesta social, sino un intento deliberado de desestabilizar su administración. Según el Ministerio de Seguridad, las organizaciones responsables ya anunciaron que continuarán con sus acciones violentas cada miércoles, lo que refleja un patrón de violencia organizada con fines políticos.
Además, el Gobierno ha solicitado que se realice una investigación federal sobre el accionar de los manifestantes y ha pedido que se aparte al Juzgado Penal Contravencional y de Faltas 15 de la ciudad de Buenos Aires, liderado por la jueza Karina Andrade, quien liberó a 114 de los detenidos. La jueza argumentó que las detenciones afectaban derechos constitucionales como el derecho a la protesta y la libertad de expresión, lo que ha generado una nueva controversia en torno a la justicia en este caso.
El papel de los Intendentes
La participación de los intendentes de La Matanza, Fernando Espinoza, y de Lomas de Zamora, Federico Otermín, ha sido señalada como crucial en la organización de los disturbios. Los grupos de barras bravas se concentraron en sus municipios antes de llegar al Congreso, lo que plantea serias preguntas sobre la conexión entre el poder local y los responsables de la violencia.
El Gobierno también ha hecho un llamado a tomar medidas más estrictas para garantizar la seguridad y evitar que esta violencia se repita, destacando la importancia de proteger el orden democrático y la estabilidad política en el país.
Los violentos sucesos muestran cómo la violencia organizada puede ser utilizada para desestabilizar al gobierno y desvirtuar las protestas legítimas. El papel de los barras bravas, el gremialismo y la política en estos disturbios evidencia una compleja red de intereses que busca socavar el orden constitucional.
Es esencial que el Gobierno de Javier Milei tome medidas firmes para evitar que esta situación se repita. La seguridad pública, el respeto por los derechos constitucionales y la protección del orden democrático deben ser prioritarios para garantizar la estabilidad del país. La justicia debe actuar con celeridad para que los responsables de estos hechos enfrenten las consecuencias de sus acciones y para evitar que futuras manifestaciones violentas amenacen la paz social en Argentina.