El Gobierno nacional promulgó este viernes la Ley de Presupuesto 2026, a través de un decreto publicado en el primer Boletín Oficial del año, y dejó formalmente vigente una de las herramientas centrales de su programa económico. La norma había sido sancionada de manera definitiva el 26 de diciembre, durante una sesión especial del Senado, con 46 votos a favor, 25 en contra y una abstención, tras haber obtenido previamente media sanción en la Cámara de Diputados.
El Presupuesto fue aprobado con el respaldo de La Libertad Avanza, el PRO y otros bloques aliados, mientras que el kirchnerismo rechazó la iniciativa, al considerarla incompatible con sus planteos económicos y sociales. Para el Gobierno de Javier Milei, en cambio, se trata de una ley clave para consolidar el rumbo fiscal y financiero de la gestión.
Uno de los puntos centrales del texto es que, en su artículo 4°, prevé un resultado financiero positivo de $226.469 millones, lo que implica un superávit y marca una diferencia con ejercicios anteriores caracterizados por el déficit fiscal. En paralelo, el Presupuesto proyecta gastos corrientes y de capital por aproximadamente $148.000 millones, con una marcada concentración en el área de servicios sociales.
Según el detalle oficial, la mayor parte del gasto total estará destinada precisamente a servicios sociales, con una asignación de $106,5 billones, lo que incluye partidas vinculadas a educación, salud, asistencia social y programas de contención. En segundo lugar se ubica el pago de deuda pública, con $14,1 billones, seguido por los servicios económicos, que concentrarán $11,4 billones.
En cuanto a los recursos, el Presupuesto estima en $148.295 millones el cálculo de recursos corrientes y de capital de la Administración Nacional, una proyección alineada con el objetivo oficial de mantener el equilibrio fiscal y sostener el superávit.
La ley también incorpora restricciones para la cobertura de vacantes en la administración pública, una medida orientada a contener el gasto del Estado. No obstante, se establecen excepciones para áreas consideradas estratégicas o críticas, como Salud, Seguridad y Defensa, donde sí se podrán cubrir cargos vacantes.
Entre las asignaciones específicas, el texto prevé $4,78 billones para los gastos de funcionamiento, inversión y programas especiales de las universidades nacionales. Además, se destinan $11.290 millones al Fondo Nacional de Empleo, para la atención de programas dependientes del Ministerio de Capital Humano, y $15.843 millones al Fondo de Bosques Nativos, una partida vinculada a políticas ambientales.
Ley de Inocencia Fiscal
Junto con el Presupuesto 2026, el Gobierno también promulgó la Ley de Inocencia Fiscal, otra norma de peso publicada este viernes en el Boletín Oficial. La iniciativa introduce modificaciones a la Ley 24.769, que regula el Régimen Penal Tributario, y apunta a actualizar montos que habían quedado desfasados por la inflación.
En términos concretos, la ley eleva de manera significativa los umbrales a partir de los cuales se considera que existe evasión impositiva. Por ejemplo, el monto de evasión simple pasa de 1,5 millones a 100 millones de pesos, mientras que la evasión agravada se incrementa de 15 millones a 1.000 millones de pesos. También se actualizan los valores que obligan a escribanos y bancos a informar operaciones al organismo recaudador.
Además, se fija en $100 millones el monto a partir del cual la falsificación de facturas es considerada delito, y en $200 millones el límite de deuda para quienes estén adheridos a beneficios fiscales.
Uno de los aspectos más relevantes de la norma es la incorporación de un mecanismo de regularización: ARCA no realizará una denuncia penal si el contribuyente cancela la deuda y los intereses correspondientes. En los casos en los que la denuncia ya haya sido presentada, la acción penal se extinguirá si se abona la deuda, los intereses y un 50% adicional.
Otro cambio clave es la reducción del plazo de prescripción de las deudas impositivas, que pasa de cinco a tres años, una medida que busca otorgar mayor previsibilidad al sistema tributario.
Por último, la ley crea el Régimen Simplificado de Ganancias, al que podrán adherir contribuyentes con ingresos anuales inferiores a $1.000 millones y un patrimonio menor a $10.000 millones, siempre que no estén clasificados como grandes contribuyentes.