El Ejecutivo envió al Congreso un proyecto que prohíbe por ley el déficit fiscal y penaliza con hasta seis años de prisión a quienes amplíen el gasto sin financiamiento y con hasta diez años a funcionarios del Banco Central que autoricen emisiones monetarias irregulares. Especialistas advierten inconsistencias y riesgos de judicialización de la política económica.
En la antesala de la discusión del Presupuesto 2026 y en un contexto de fuerte tensión con los gobernadores, el Gobierno nacional avanzó con una iniciativa legislativa de alto impacto político y jurídico: prohibir por ley la aprobación de presupuestos con déficit fiscal y penalizar con prisión a los funcionarios responsables de violar esa regla. El proyecto, presentado este martes durante las sesiones extraordinarias del Congreso, busca convertir el equilibrio fiscal y la estabilidad monetaria en principios de cumplimiento obligatorio, con consecuencias penales ante su incumplimiento.
La propuesta fue presentada bajo el nombre de Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria y contempla sanciones de hasta seis años de prisión para funcionarios que aprueben o ejecuten gastos sin financiamiento acreditado, y de hasta diez años para aquellos que, desde el Banco Central, promuevan o autoricen una emisión monetaria considerada irregular. El envío de la iniciativa coincidió con el anuncio oficial de una baja de retenciones a las exportaciones de granos, medida que, según diversos analistas, no estuvo acompañada de información sobre su impacto fiscal ni su financiamiento.
Durante la presentación, el jefe de Gabinete Manuel Adorni detalló que el proyecto "prohíbe el déficit del Presupuesto nacional, establece un mecanismo de ajuste automático ante desvíos y transforma en delito el gasto sin partida presupuestaria, así como la emisión de adelantos transitorios por parte del Banco Central para financiar al Gobierno". Según el oficialismo, se trata de una herramienta clave para consolidar el equilibrio fiscal alcanzado durante la actual gestión.
El artículo 1° del proyecto establece de manera explícita que "queda prohibida la sanción de una ley de presupuesto general que contemple un resultado financiero deficitario". En tanto, el artículo 2° fija un mecanismo correctivo automático: si durante la ejecución presupuestaria se registran caídas de recursos o aumentos del gasto que pongan en riesgo el cumplimiento de esa regla, el Jefe de Gabinete, previo informe de Sustentabilidad Fiscal de la Secretaría de Hacienda, deberá adoptar medidas inmediatas para restablecer el equilibrio.
La iniciativa también prohíbe a los funcionarios asumir o ejecutar gastos no autorizados o sin financiamiento acreditado, y obliga al Poder Ejecutivo Nacional a abstenerse de solicitar adelantos transitorios del Banco Central para financiar el gasto primario. En paralelo, introduce modificaciones al Código Penal, tipificando como delito la aprobación o ejecución de gastos sin respaldo presupuestario.
En ese marco, el texto establece que será reprimido con prisión de uno a seis años, más inhabilitación absoluta, el funcionario público que "dictare, aprobare, autorizare o ejecutare actos administrativos que modifiquen o incrementen los gastos previstos en el Presupuesto sin contar con los recursos debidamente acreditados".
Uno de los puntos más sensibles del proyecto es el referido al Banco Central. Allí se prevé una pena de uno a diez años de prisión para los funcionarios que ordenen, ejecuten o autoricen emisiones monetarias en violación de la Carta Orgánica, o que impulsen mecanismos irregulares de creación de dinero. La sanción también alcanza a quienes reciban y pongan en circulación moneda conociendo su origen irregular.
Desde el plano técnico, diversos especialistas coinciden en que el proyecto busca blindar jurídicamente el equilibrio fiscal, pero advierten contradicciones e inconsistencias. Señalan que muchas de las disposiciones ya existen en normativas vigentes, como la Ley de Administración Financiera (24.156) y las leyes de responsabilidad fiscal (25.552 y 25.917), que en la práctica han sido suspendidas o eludidas en reiteradas oportunidades.
El economista Nicolás Gadano, exsubsecretario de Presupuesto de la Nación, cuestionó la credibilidad de la iniciativa al señalar que el propio dictamen del Presupuesto 2026 suspende reglas fiscales vigentes, como la que limita el crecimiento del gasto por encima del producto. "Si el proyecto de Presupuesto suspende una regla fiscal vigente, qué credibilidad va a tener esta nueva norma", advirtió.
También generó críticas la coexistencia entre la prohibición de aumentar el gasto sin recursos y la reducción de impuestos sin estimación fiscal, como la baja permanente de retenciones anunciada el mismo día. A esto se suma el hecho de que el Gobierno propone limitar los adelantos del Banco Central sin modificar la Carta Orgánica ni el esquema de transferencia de utilidades, mecanismo por el cual el BCRA giró en abril $11,7 billones al Tesoro por ganancias contables de 2024.
Por último, expertos en presupuesto alertan sobre el riesgo de judicializar la política económica mediante el Código Penal, un antecedente que ya generó controversias en causas como la del dólar futuro, los canjes de deuda o el crédito de US$44.000 millones del FMI obtenido en 2018. El debate legislativo anticipa un fuerte cruce político y técnico en el Congreso.