La problemática de los delitos viales en Argentina ingresa en una instancia de definiciones legislativas cruciales. Este miércoles, la Cámara de Diputados de la Nación dará inicio formal al tratamiento en comisiones de un proyecto de ley que busca transformar el abordaje penal de los siniestros provocados por la impericia y la irresponsabilidad. La iniciativa, que ya cuenta con la aprobación por unanimidad del Senado, tiene como objetivo central agravar las sanciones para aquellos conductores que, mediante maniobras imprudentes, ocasionen muertes o lesiones gravísimas.

El debate comenzará a las 11:30 en el seno de la comisión de Legislación Penal, presidida por la diputada libertaria Laura Rodríguez Machado. El encuentro no solo contará con la presencia de legisladores, sino que tendrá como eje la voz de referentes de la sociedad civil que han transformado su dolor en activismo técnico y legal. Según confirmaron fuentes parlamentarias a la Agencia Noticias Argentinas, la intención oficial es avanzar con celeridad para emitir un dictamen en un plazo no mayor a quince días.

El rol de las víctimas y el consenso civil

La lucha por una legislación más estricta ha sido apuntalada durante años por agrupaciones de familiares de víctimas. En la jornada de este miércoles, las exposiciones principales estarán a cargo de Vivian Perrone, presidenta de Madres del Dolor, y Silvia González, titular de la Fundación Estrellas Amarillas. Ambas organizaciones han sido piezas fundamentales en la visibilización de este drama social y en la exigencia de reformas que eliminen los beneficios procesales para responsables de hechos agravados por el consumo de sustancias o la fuga del lugar del hecho.

Tras la media sanción obtenida en la Cámara Alta el pasado 18 de septiembre de 2025, el colectivo Madres del Dolor manifestó su gratitud hacia los equipos técnicos y senadores por el acompañamiento en este proceso. Cabe destacar que el proyecto original fue impulsado por las senadoras Anabela Fernández Sagasti, María Victoria Huala y Beatriz Ávila, logrando un consenso transversal entre todos los bloques políticos, un fenómeno poco frecuente que resalta la urgencia de la temática.

Modificaciones estructurales al Código Penal

El texto que llega a Diputados propone una reforma profunda de las escalas penales vigentes, buscando cubrir vacíos legales que las asociaciones civiles denuncian desde hace décadas. Entre los cambios técnicos más destacados se encuentran:

• Elevación de escalas: La pena mínima para el homicidio vial pasaría de tres a cuatro años, mientras que la máxima se elevaría de seis a ocho años.
• Agravantes concurrentes: En casos donde concurran al menos tres agravantes, la condena podría alcanzar un techo de doce años de prisión.
• Inhabilitación: Se establece que la prohibición para conducir será por el doble del tiempo de la condena efectiva impuesta.

Además, el proyecto amplía sustancialmente el catálogo de situaciones que califican como agravantes del delito. Se incorporarán explícitamente conductas como conducir bajo efectos de medicamentos que alteren la aptitud, la falta de licencia habilitante, el uso del teléfono móvil al volante y el cruce de pasos ferroviarios no habilitados. También se mantienen y refuerzan los castigos por superar el límite de velocidad en un 30% y el consumo de alcohol.

Hacia un sistema judicial más ajustado a la realidad

La reforma apunta a tipificar conductas que hasta el momento se ubicaban en "zonas grises" del Código Penal, facilitando que los procesos judiciales reflejen con mayor fidelidad la gravedad de los hechos. La Fundación Estrellas Amarillas, a través de sus campañas de señalización, y Madres del Dolor, mediante el acompañamiento judicial, han insistido en que la negligencia y el dolo al volante no pueden ser tratados con la levedad que permite la normativa actual.

La diputada Laura Rodríguez Machado ha subrayado la necesidad de dar un tratamiento ágil a la iniciativa. El objetivo es que, tras el dictamen de comisión, el texto sea llevado al recinto para su aprobación final. De convertirse en ley, el sistema legal argentino contará con herramientas más severas para sancionar la violencia vial, respondiendo a un reclamo histórico de una sociedad que busca mayores controles y una justicia que actúe como un verdadero disuasivo ante la imprudencia criminal.