El escenario político argentino se encamina hacia una profunda revisión de sus reglas de juego de cara a los próximos turnos electorales. En un seminario organizado por la Cámara Nacional Electoral en el Consejo Argentino de Relaciones Internacionales (CARI), destinado originalmente a analizar la implementación de la Boleta Única Papel (BUP), el oficialismo adelantó que pretende impulsar una reforma electoral integral. Esta iniciativa no solo contempla el futuro de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), sino que también pone bajo la lupa el financiamiento partidario y la dispersión del calendario electoral que afecta la dinámica política del país.
La discusión, que según fuentes oficiales se plasmaría en un proyecto de ley enviado al Congreso posiblemente en el mes de abril, cuenta con el impulso de figuras clave como el ministro del Interior, Diego Santilli, la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, y la diputada libertaria Giselle Castelnuovo. El objetivo declarado por el Poder Ejecutivo es llegar a los comicios de 2027 con un sistema que la ciudadanía perciba como un proceso más cómodo, ágil y previsible.
El cuestionamiento a las PASO: ¿Eliminación o reforma?
El diagnóstico del oficialismo sobre las primarias actuales es marcadamente crítico debido a su baja utilidad práctica. El ministro Diego Santilli aportó datos técnicos para fundamentar esta revisión, señalando que desde su creación en el año 2009, el 60% de los partidos no las han utilizado y solo en siete oportunidades se emplearon efectivamente para dirimir internas competitivas. Por su parte, la senadora Patricia Bullrich fue tajante al afirmar que las PASO se han desvirtuado hasta convertirse en un sistema de tres vueltas que extiende innecesariamente los tiempos electorales y el agotamiento de la sociedad.
La propuesta que baraja la Casa Rosada contempla la eliminación total del mecanismo o, en su defecto, su conversión en primarias optativas para los ciudadanos. Giselle Castelnuovo reforzó esta postura al confirmar que la supresión está bajo evaluación permanente, aunque aclaró que el oficialismo se encuentra abierto al diálogo para llegar a una posición de consenso con los gobernadores. Sin embargo, esta intención choca con la resistencia de socios parlamentarios como la legisladora de Pro Silvia Lospennato, quien advirtió que aún no quedan claros los objetivos de eliminar el sistema y sugirió revisar si es legítimo obligar a un ciudadano a participar de elecciones internas de estructuras partidarias a las que no pertenece.
Las advertencias por el posible retroceso institucional
Desde la UCR y diversos sectores de la oposición, el tono frente a la propuesta oficial fue de mayor cautela y preocupación. El senador radical Maximiliano Abad sostuvo con firmeza que eliminar las primarias sin proponer un sistema superador devolvería la capacidad de decisión exclusivamente a las cúpulas partidarias, silenciando de este modo a las minorías. Para el legislador, cualquier intento de supresión que no contemple un ordenamiento para las coaliciones internas representaría un claro retroceso institucional para la democracia argentina.
En una sintonía similar se expresó el diputado del Frente Renovador Sebastián Galmarini, quien coincidió en que el esquema actual genera un efecto de doble o triple vuelta, pero advirtió que eliminar las PAS sin tener claro cuál será el formato de selección de candidatos carece de sentido estratégico. Según su visión técnica, la mera eliminación de la obligatoriedad no constituye por sí misma una reforma de fondo que mejore la representatividad del sistema político.
Financiamiento partidario y el balance de la Boleta Única
Otro eje de conflicto que dominó el seminario fue el financiamiento de los partidos políticos y la proliferación de los denominados "sellos de goma". El juez federal Alejo Ramos Padilla enfatizó la necesidad de garantizar la integridad electoral separando las estructuras con base real de aquellas que carecen de representación. En este punto, Patricia Bullrich propuso reducir drásticamente el financiamiento público para forzar la desaparición de partidos que solo existen para figurar en una boleta y percibir beneficios estatales. No obstante, Maximiliano Abad defendió el actual modelo mixto, argumentando que eliminar el aporte del Estado dejaría el financiamiento exclusivamente en manos privadas y sin contrapesos auditables.
Finalmente, el debate abordó la implementación de la Boleta Única Papel (BUP), cuya experiencia reciente fue evaluada positivamente por la jueza María Servini, pese a señalar dificultades operativas en la impresión y el troquelado. Por su parte, el vicepresidente de la Cámara Nacional Electoral, Santiago Corcuera, aclaró que la BUP no se implementa por una cuestión de ahorro económico, ya que sus requisitos técnicos son más específicos y costosos, sino porque garantiza que la totalidad de la oferta electoral esté siempre disponible para el votante, fortaleciendo así la transparencia del acto comicial.