El presidente Javier Milei advirtió que vetará cualquier iniciativa que no surja de su propio equipo en la Casa Rosada, incluso aquellas que cuenten con un amplio respaldo político, como los proyectos para modificar el régimen de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y la distribución del impuesto a los combustibles. Ambas propuestas fueron impulsadas por los 23 gobernadores provinciales y el jefe de Gobierno porteño, en una muestra de unidad política pocas veces vista en los últimos años.
"No está en duda el veto. Javier va a vetar las leyes que impulsan los gobernadores", sostuvo una fuente calificada de Balcarce 50 en diálogo con Infobae. La decisión se da a pesar de que el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, sugirió en una entrevista que podría convenir aprobar al menos el proyecto de los ATN, ya que habilitaría la posibilidad de modificar el esquema de coparticipación federal mediante una ley simple del Congreso.
Sin embargo, las palabras del ministro fueron interpretadas en el oficialismo como una provocación estratégica. Incluso Milei compartió en sus redes sociales publicaciones que calificaban como un "grave error" haber llevado esos temas al Congreso, lo que alimentó las especulaciones sobre una eventual reforma del sistema de reparto de fondos entre Nación y provincias.
"Es un tema complejo, que requerirá una estrategia a largo plazo", aclararon desde el entorno presidencial. "Lo de Sturzenegger fue una chicana, pero compartimos que hay que cambiar este régimen".
Diputados, en pausa y con directivas libertarias
Ambos proyectos ya cuentan con media sanción del Senado y ahora deben ser debatidos en la Cámara de Diputados, cuya presidencia está en manos del libertario Martín Menem. Desde la Casa Rosada le dieron la orden explícita de demorar el tratamiento lo máximo posible. No obstante, si las provincias reúnen los votos necesarios, podrían forzar su discusión sobre tablas.
Un informe técnico elaborado por los equipos de los gobernadores estima que el impacto fiscal de ambos proyectos representa apenas el 0,11% del PBI. Aun así, advierten que se cumpliría con el objetivo de superávit del 1,6% del PBI trazado por el Ejecutivo, incluso por encima del 1,3% fijado por el FMI.
Desde el Gobierno, sin embargo, insisten en que el "superávit fiscal no se toca". Para Milei y su equipo económico —liderado por el ministro Luis Caputo—, mantener el equilibrio fiscal es una condición central de su programa económico y una señal clave hacia los mercados financieros.
Veto anunciado a jubilaciones y moratorias
Además de los proyectos de los gobernadores, el Presidente confirmó que también vetará otras leyes sancionadas por el Senado la semana pasada: el aumento de las jubilaciones, la reincorporación de la moratoria previsional y la declaración de emergencia para personas con discapacidad.
El Ejecutivo tiene tiempo hasta el 30 de julio para oficializar los vetos, dado que la Cámara alta recién remitirá formalmente los textos el próximo miércoles.
"Sería inmoral que no vetáramos lo de los jubilados", sostienen en el entorno presidencial, argumentando que el gasto previsional comprometería el superávit fiscal. "Hoy hay más niños pobres que jubilados pobres. Por eso, priorizamos los recursos en ese primer segmento", justificaron.
Qué plantean los proyectos de los gobernadores
Las iniciativas enviadas al Congreso buscan modificar el sistema de distribución de los ATN y del impuesto a los combustibles para reducir la discrecionalidad del Ejecutivo nacional y fortalecer la autonomía financiera de las provincias.
El proyecto vinculado al impuesto a los combustibles propone reformar el artículo 19 de la ley 23.966. Actualmente, solo el 10,40% de lo recaudado por este gravamen se distribuye entre las provincias, mientras que el resto se reparte entre el Tesoro Nacional, el sistema previsional y diversos fondos fiduciarios (FONAVI, infraestructura hídrica y transporte). Los mandatarios provinciales proponen elevar ese porcentaje al 58,36% y disolver los fideicomisos, transfiriendo directamente el remanente a las jurisdicciones.
En cuanto a los ATN —fondos actualmente asignados de forma discrecional por la Casa Rosada—, la reforma busca que su reparto sea automático y diario, manteniendo los porcentajes históricos por provincia, pero sumando una compensación especial para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Tierra del Fuego.