El Gobierno nacional intensificó las gestiones con Estados Unidos para lograr la liberación del gendarme argentino Nahuel Gallo, oriundo de Catamarca, detenido en Venezuela. Según fuentes oficiales, su localización ya estaría confirmada: se encontraría en "El Helicoide", la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), conocida por albergar a presos políticos y opositores del régimen de Nicolás Maduro.
La administración libertaria sostiene que recibe información sensible a través de agencias aliadas como la CIA (Estados Unidos), el Mossad (Israel) y la AISE (Italia), dado que la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) no cuenta con agentes desplegados en Venezuela. "Dependemos del trabajo de los aliados. La información no es de producción propia", reconocen desde el entorno presidencial.
La reciente liberación de los cinco dirigentes opositores venezolanos que estaban asilados en la embajada argentina en Caracas —Pedro Urruchurtu, Magallí Meda, Claudia Macero, Humberto Villalobos y Ómar González— fue celebrada en la mesa política de Javier Milei como un triunfo diplomático vinculado a la alianza con el expresidente estadounidense Donald Trump.
"No existe ningún canal de diálogo con el régimen de Maduro. No hubo contacto", afirman desde Casa Rosada. No obstante, en otro sector del oficialismo admiten que no se puede descartar alguna mediación indirecta a través de gobiernos aliados. El comunicado oficial señaló que los cinco asilados "fueron extraídos exitosamente de Caracas y trasladados a suelo estadounidense".
Según los reportes que recibe la Presidencia, la salud de Gallo sería "buena" y su ubicación está confirmada. A pesar de ello, el Ejecutivo descarta cualquier intervención directa y apuesta a las vías diplomáticas y la presión internacional. "Argentina no cuenta con capacidad operativa para una misión de rescate", indican desde Nación.
En paralelo, el Gobierno trabaja en afianzar su alianza con la Casa Blanca en materia de seguridad, inteligencia y defensa. En ese marco, se negocia la participación de ingenieros de las Fuerzas Armadas estadounidenses en la construcción de una base naval integrada en Ushuaia. Las conversaciones se canalizan principalmente con el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, y el jefe del Comando Sur, Alvin Holsey.
Como parte de su nueva estrategia de defensa y control territorial, la administración de Milei reforzará la inteligencia y los controles fronterizos. A través del decreto 1112/2024, se autorizó a las Fuerzas Armadas a realizar operativos de seguridad con detenciones temporales de civiles en zonas limítrofes.
Además, el Ejecutivo prevé avanzar con una reforma migratoria que podría impulsarse por decreto. La nueva normativa modificaría el régimen de residencia y ciudadanía para extranjeros, establecería aranceles sanitarios y educativos para no residentes y endurecería los procedimientos de deportación.
Las medidas se inscriben en un contexto regional complejo, donde también preocupa la situación económica en Bolivia por la escasez de dólares, lo que según fuentes oficiales podría generar inestabilidad fronteriza.