El Gobierno nacional profundizó este lunes su confrontación con el sistema universitario al cuestionar el carácter de la Marcha Federal Universitaria convocada para este martes en Plaza de Mayo. Desde el Ministerio de Capital Humano, la ministra Sandra Pettovello y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, aseguraron que la movilización tiene un fuerte componente opositor y remarcaron que el Ejecutivo continuará avanzando con auditorías y controles sobre el manejo de fondos en las casas de estudio.
La protesta tiene como eje central el reclamo para que el Gobierno ejecute la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso el año pasado, que contempla, entre otros puntos, una actualización salarial acorde a la inflación registrada durante 2024 y 2025. Sin embargo, desde la Casa Rosada sostienen que la norma presenta inconsistencias vinculadas al origen de los recursos necesarios para cubrir el gasto previsto.
El Gobierno vincula la protesta con sectores opositores
Durante una rueda de prensa realizada en la sede del Ministerio de Capital Humano, el subsecretario Alejandro Álvarez aseguró que, si bien existe un reclamo salarial legítimo, la convocatoria excede el ámbito estrictamente universitario y responde a intereses políticos. "Hay un reclamo genuino de salarios que nosotros lo podemos entender y está dentro del marco de la Constitución que cualquier sindicato puede reclamar una mejora salarial. Pero esta convocatoria está fuertemente influenciada por la política", afirmó el funcionario.
En esa línea, Álvarez cuestionó la participación de dirigentes y sectores ajenos al ámbito académico en la convocatoria. Entre los ejemplos mencionó la fotografía de rectores identificados con el peronismo junto al gobernador bonaerense Axel Kicillof, así como el respaldo expresado por la CGT a la movilización. "Si fuera un reclamo puramente universitario, ¿por qué necesitás que actores sociales que no tienen una relación directa estén presentes? No, en las convocatorias te das cuenta de que es claramente política", insistió.
La ministra Sandra Pettovello también buscó reforzar el posicionamiento oficial y aseguró que el Gobierno intenta dar una "batalla cultural" para demostrar que no busca cerrar universidades públicas ni avanzar contra el sistema educativo estatal.
"Es importante la batalla cultural para que la gente entienda que nosotros no estamos en contra de la universidad pública y no queremos cerrar las universidades. Queremos explicárselo a la gente para que pueda tomar una decisión de qué apoyar sin ninguna connotación política y con datos reales", sostuvo.
El foco oficial en las auditorías
En paralelo al cuestionamiento político de la marcha, el Gobierno volvió a poner el eje en la necesidad de transparentar el destino de los recursos asignados a las universidades nacionales. Pettovello afirmó que la intención oficial es "desmitificar el monstruo sagrado" de la universidad pública, en referencia a la necesidad de discutir cómo se administran los fondos estatales dentro del sistema universitario.
Desde el Ejecutivo remarcaron que las auditorías sobre las casas de estudio continuarán y que la administración nacional mantendrá la política de control sobre las partidas presupuestarias. La discusión se da en un escenario de creciente tensión entre el Gobierno y las universidades nacionales, que desde hace meses denuncian un deterioro presupuestario y dificultades para sostener el funcionamiento académico, administrativo y salarial.
La disputa por la Ley de Financiamiento Universitario
El conflicto central gira alrededor de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. La norma, sancionada por el Congreso, contempla mecanismos de actualización presupuestaria y salarial para las universidades nacionales.
Sin embargo, el Gobierno sostiene que el proyecto no establecía de dónde saldrían los fondos para cubrir el incremento del gasto y, por lo tanto, entraba en conflicto con la Ley de Administración Financiera.
Las universidades rechazaron esa interpretación y avanzaron judicialmente mediante la presentación de un amparo. Tras obtener dos fallos favorables, ahora esperan una definición de la Corte Suprema.
En este contexto, Alejandro Álvarez aseguró que la única norma presupuestaria que el Gobierno ejecutará es la Ley de Presupuesto vigente y consideró que la Ley de Financiamiento quedó abstracta luego de la aprobación de la llamada "ley de leyes". Según explicó el funcionario, el costo estimado de aplicar plenamente la norma asciende a 1,2 billones de pesos.
Desde el ámbito universitario, las declaraciones oficiales encontraron rápida respuesta. El vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, cuestionó la postura del Ejecutivo y recordó que durante el tratamiento del Presupuesto el propio Gobierno impulsó un capítulo destinado a derogar la ley.
"Si ellos creen que es abstracta, ¿por qué en el Presupuesto plantearon un capítulo para derogar la Ley de Financiamiento universitario?. Y así todo, no consiguieron los votos", planteó Yacobitti en diálogo con TN.
La discusión por la magnitud de la movilización
El Gobierno también buscó relativizar el impacto político de la convocatoria y aseguró que las decisiones institucionales no dependen de la cantidad de personas que participen de una marcha. "Cómo sería un sistema institucional que funcione por la cantidad de bombos que llevo a una marcha. Está bien como protesta, pero no representa un parámetro", afirmó Álvarez al ser consultado sobre la movilización prevista para este martes.
Mientras tanto, el conflicto entre el Ejecutivo y las universidades también se extiende a otro frente sensible: los fondos destinados a hospitales universitarios.
Luego de un cruce público con la Universidad de Buenos Aires, el subsecretario anticipó que, una vez concluida la marcha, el Gobierno convocará a una instancia de diálogo para definir la distribución de más de 79 mil millones de pesos reclamados por las instituciones académicas para el funcionamiento de los hospitales universitarios.
