El Senado se prepara para una sesión de alto voltaje político este jueves desde las 11. El temario incluye el rechazo al veto presidencial de la ley que declara la emergencia en Discapacidad —una medida que implica un fuerte costo fiscal— y el debate de un proyecto que busca regular los decretos de necesidad y urgencia (DNU), la delegación legislativa y la promulgación parcial de leyes.
La reunión de Labor Parlamentaria definió los ejes de un encuentro que estará inevitablemente marcado por el escándalo de los audios del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, que involucran presuntas coimas y salpican a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y a Eduardo "Lule" Menem.
Cinco cuestiones de privilegio girarán en torno a este tema, mientras sectores de la oposición mantienen la presión sobre el oficialismo. El interbloque peronista, encabezado por José Mayans, amagó con impulsar la interpelación a Karina Milei, aunque la falta de dictamen complica esa posibilidad, ya que requeriría el apoyo de dos tercios del recinto.
Un debate con ausencia clave
La vicepresidenta Victoria Villarruel no podrá presidir la sesión porque quedará a cargo del Poder Ejecutivo durante el viaje de Javier Milei a Estados Unidos. En su lugar, el libertario Bartolomé Abdala conducirá la Cámara alta.
La ley vetada por el Ejecutivo —que el Senado insistirá en aprobar— establece la emergencia en Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, con actualización de prestaciones para compensar la inflación y mejoras en los talleres para personas con discapacidad. También fija que las 200 mil pensiones por invalidez equivaldrán al 70% del haber mínimo jubilatorio, obliga a saldar deudas con prestadores y dispone una actualización mensual de aranceles de acuerdo con el índice de precios del INDEC.
La Oficina de Presupuesto del Congreso estimó que la norma podría representar un impacto de entre el 0,22% y el 0,42% del PBI. De confirmarse el rechazo al veto, sería la primera vez en 22 años que el Congreso insiste con una ley vetada por el Ejecutivo: la última ocasión fue en abril de 2003.
El futuro de los DNU
Otro de los puntos clave será el dictamen que limita el uso de los decretos de necesidad y urgencia. La propuesta, que reunió apoyos del kirchnerismo, PRO, UCR y bloques provinciales, plantea que los DNU deberán ser aprobados por ambas cámaras en un plazo máximo de 90 días, caso contrario se considerarán "derogados". Además, si una sola cámara los rechaza, perderán vigencia.
La iniciativa se discutió en la Comisión de Asuntos Constitucionales, que preside Alejandra Vigo, y parte con un piso de 34 votos del bloque peronista.
La sesión, atravesada por la crisis política y judicial que rodea al Gobierno, podría convertirse en una de las derrotas más duras e históricas para la administración libertaria en el Senado.