El Gobierno argentino presentó este martes un nuevo escrito ante la jueza Loretta Preska, en el marco del juicio por la expropiación de YPF, en el que volvió a reclamar la suspensión del fallo que lo obliga a entregar acciones de la petrolera estatal. En su presentación, la defensa del Estado nacional respondió a los fondos beneficiarios del juicio —Burford Capital y Eton Park—, que se oponen al pedido de suspensión.
Los abogados de Argentina argumentaron que cumplir con la sentencia forzaría al país a violar su propia legislación y provocaría la pérdida del control estatal sobre YPF. También alertaron que una eventual entrega inmediata de las acciones afectaría a terceros ajenos al litigio, como las provincias productoras de hidrocarburos y los tenedores de bonos soberanos.
La jueza Preska había ordenado la transferencia de acciones como mecanismo de pago por la sentencia de US$16.000 millones dictada en septiembre de 2023, cifra que ya asciende a US$17.750 millones con los intereses acumulados. El fallo fue apelado por la Argentina ante la Cámara de Nueva York en enero de 2024.
Además, el Gobierno también solicitó frenar la entrega de acciones por otra causa conexa: el juicio iniciado por el fondo Bainbridge en 2016, que obtuvo una sentencia favorable por US$95 millones. En este caso, la defensa oficial argumentó que la transferencia vulneraría la Ley 26.741, que protege el control público sobre YPF. También señaló que no existe jurisprudencia previa que respalde este tipo de resolución, lo que podría abrir la puerta a un nuevo enfoque por parte de un tribunal de apelación.
En el escrito, los abogados remarcaron que no hay perjuicio concreto para los demandantes si se suspende la orden, dado que la legislación argentina impide vender acciones de la empresa sin aval legislativo, lo que hace inviable una ejecución inmediata.
El trasfondo del conflicto
El conflicto judicial se originó en la expropiación de YPF en 2012, cuando el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner nacionalizó la participación mayoritaria de Repsol. Si bien luego se acordó una compensación con la empresa española, no se ofreció un trato equivalente a los accionistas minoritarios, lo que dio lugar al reclamo internacional.
Preska falló a favor de los demandantes bajo el argumento de que la Argentina violó el estatuto de YPF, lo que dio paso a una sentencia millonaria. Ante la falta de un pago o de una negociación por parte del país, los fondos acreedores intensificaron sus acciones judiciales para ejecutar la deuda mediante la entrega de activos estatales, como las acciones en poder del Estado.
Desde la Casa Rosada insisten en que están "próximos" a presentar una segunda apelación para frenar la transferencia de títulos, al considerar que el proceso judicial aún no está cerrado y que hay margen para revertir la decisión en instancias superiores.
