La historia comienza en Río Gallegos. En Libertad 141 —el centro del entramado empresarial de Lázaro Báez— aún figura domiciliada Top Air SA, la firma de vuelos privados de la que el Estado se quedó con dos aviones tras el decomiso en la causa de la "ruta del dinero K". En los documentos de esa sociedad aparece un nombre hasta ahora poco conocido: Ariel García Furfaro, dueño del laboratorio HLB, actualmente investigado por la muerte de al menos 53 personas por fallas en la calidad de fentanilo, y por sospechas de desvíos vinculados al narcotráfico.
La documentación a la que accedió La Nación muestra que en marzo de 2016 Top Air solicitó con urgencia un cambio de domicilio. El trámite se hizo semanas antes de que Báez fuera detenido, en abril de ese año, tras bajar de uno de sus jets en San Fernando. El nuevo domicilio: Yerbal 1021, 5° A, en el barrio porteño de Caballito. Allí vive la madre de los hermanos García Furfaro, Ariel y Damián. La misma dirección figura como sede social de varias empresas ligadas a ellos.
La sociedad Top Air tenía un 49% de acciones en manos de Austral Construcciones —la nave insignia de Báez— y el 51% restante era de Walter Adriano Zanzot, contador y uno de los protagonistas del video del "dinero en la Rosadita". Zanzot fue condenado a dos años y medio de prisión.
Zanzot y García Furfaro, según fuentes judiciales, se conocieron por el contador Diego Castrillón, colaborador de Báez. Juntos visitaron al empresario K en la cárcel en varias oportunidades.
También compartieron negocios en el rubro aeronáutico. Zanzot presidía Aviación del Atlántico Sur SA, dueña del hangar del aeropuerto de San Fernando donde operaban los jets de Báez. En ese mismo hangar hoy se guarda un Learjet 31A matrícula LV-BFE, propiedad de García Furfaro, quien también se quedó con parte del taller de la empresa entre 2016 y 2017.
Ese avión fue usado en decenas de vuelos hacia Paraguay. Lo compró a una firma vinculada al petróleo en Neuquén y lo registró a nombre de Adancard, una sociedad dedicada al contenido audiovisual que luego cambió su nombre a Adan Producciones. Esa firma también fue el vehículo para un fallido intento de operar el canal de noticias IP, del sindicalista Víctor Santa María.
Los vínculos con Báez no terminan ahí. En 2014 y 2015 se intentó vender Top Air por US$ 4 millones a PTP Group, empresa dedicada a la logística portuaria con operaciones en la hidrovía del Paraná. El intento de traspaso fue a través de García Furfaro y Castrillón, quienes ya operaban el hangar y los aviones. Buscaban evitar el decomiso judicial, pero la operación fracasó. Además, recibieron un lote lindero al hangar de Aassa, destinado a una expansión de la firma.
El laboratorio HLB Pharma —epicentro del escándalo por el fentanilo— se encuentra en Ramallo, a apenas 11 minutos del puerto donde opera PTP. Esta empresa está bajo la lupa judicial en Argentina, Uruguay y Paraguay por presuntos vínculos con el crimen organizado. Incluso, en noviembre de 2023, García Furfaro se reunió con el expresidente paraguayo Horacio Cartes, cuyo entorno es investigado por relaciones con el laboratorio que el empresario argentino montaba en la Triple Frontera.
Las sospechas llegaron a su punto máximo este año, cuando en medio del escándalo por las muertes por fentanilo, los García Furfaro habrían transferido sus acciones en HLB a Sebastián Nanini, abogado vinculado al intendente Mario Ishii y defensor de la familia Báez. Nanini ejecutó luego una cláusula de indemnidad para anular la compra, pero el episodio dejó expuestos los lazos entre los protagonistas de esta oscura red.