La Cámara de Diputados aprobó este miércoles por la noche el proyecto conocido como "Súper RIGI", una iniciativa impulsada por el oficialismo que busca crear un régimen de promoción extraordinario para atraer inversiones superiores a los US$1000 millones en sectores que el Gobierno define como estratégicos para el desarrollo de nuevas industrias en la Argentina. La propuesta obtuvo media sanción con 130 votos a favor, 106 en contra y 7 abstenciones, y quedó así encaminada hacia el Senado, donde deberá ser tratada para convertirse en ley.

La iniciativa plantea un esquema de beneficios fiscales, aduaneros, cambiarios y regulatorios por 30 años para proyectos de gran escala, con el objetivo de captar inversiones ligadas a actividades que el oficialismo presenta como parte de las "industrias del futuro". En ese universo se ubican la inteligencia artificial, la energía y los automóviles eléctricos, además de infraestructura tecnológica y digital estratégica, actividades aún experimentales o piloto en el país y sectores que, según el Poder Ejecutivo, requieren condiciones macroeconómicas anticipadas para poder desarrollarse.

El debate dejó al descubierto dos visiones contrapuestas sobre el rol del Estado en la promoción de grandes inversiones. Mientras La Libertad Avanza defendió el proyecto como una herramienta para atraer industrias que hoy no existen en la Argentina y generar un nuevo ciclo de desarrollo, la oposición lo cuestionó como un régimen de excepción diseñado para beneficiar a un grupo reducido de grandes corporaciones, con un fuerte costo fiscal y con mecanismos que, según advirtieron, podrían afectar la capacidad regulatoria del Estado argentino en el futuro.

Una votación clave para el oficialismo

La media sanción del Súper RIGI representó una victoria política relevante para el oficialismo en la Cámara baja. El proyecto fue aprobado con 130 votos afirmativos, 106 rechazos y 7 abstenciones, una composición que dejó en evidencia la articulación parlamentaria que logró construir el Gobierno para avanzar con una iniciativa de alto impacto económico y fuerte sensibilidad política.

El respaldo llegó de parte de Pro, la UCR, el MID y otros bloques provinciales alineados con la agenda oficial, entre ellos Independencia, Innovación Federal y Producción y Trabajo. Del otro lado se ubicó la oposición que rechazó el proyecto, mientras que el lote de abstenciones incluyó un dato político particular: se abstuvieron los dos diputados catamarqueños alineados con Raúl Jalil y cinco diputados de Provincias Unidas, entre ellos dos jujeños aliados a Carlos Sadir, la mendocina Lourdes Arrieta y el rionegrino Sergio Capozzi.

La sesión también estuvo marcada por una presencia de peso en el recinto. La votación contó con la asistencia de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, acompañada por Sharif Menem, director de la Secretaría Privada de la presidencia de la Cámara de Diputados. Con la media sanción obtenida, el texto será ahora girado al Senado para su tratamiento definitivo.

Qué es el Súper RIGI y qué busca el Gobierno

El proyecto aprobado por Diputados replica y amplía el esquema del RIGI, el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones aprobado en 2024 dentro de la Ley Bases y cuya vigencia expirará en julio del próximo año. Sobre esa base, el oficialismo propone ahora un instrumento más ambicioso, orientado específicamente a captar proyectos de una magnitud mayor y vinculados con actividades que, según el Gobierno, no se desarrollan hoy en el país o lo hacen de manera incipiente.

En el mensaje enviado por el Poder Ejecutivo, el objetivo del régimen fue definido como la creación de "un régimen integral de incentivos, seguridad jurídica y estabilidad normativa destinado a atraer proyectos de inversión de gran escala". Esa formulación sintetiza el núcleo del proyecto: ofrecer condiciones extraordinarias y previsibilidad a largo plazo para atraer capitales capaces de poner en marcha nuevas ramas industriales y de agregar valor a los recursos naturales que ya están siendo impulsados bajo el RIGI original.

La propuesta, sin embargo, no especifica a qué empresas apunta, un punto que fue objeto de cuestionamientos por parte de la oposición. El texto habla de atraer industrias del futuro "genuinamente nuevas" para la Argentina y menciona áreas como la infraestructura tecnológica y digital estratégica, actividades aún experimentales o piloto en el país y sectores que necesitan "soluciones macroeconómicas anticipadas" para desarrollarse. Esa amplitud conceptual fue uno de los ejes de la discusión parlamentaria.

Beneficios por 30 años para inversiones superiores a US$1000 millones

El corazón del Súper RIGI está en el conjunto de incentivos que ofrece a los proyectos que superen el umbral de US$1000 millones de inversión. El régimen establece un marco de estabilidad tributaria y cambiaria por 30 años, una ventana de tiempo extraordinariamente extensa dentro del esquema normativo argentino, pensada para brindar previsibilidad a proyectos de gran escala y maduración prolongada.

Entre los beneficios más relevantes figura una alícuota reducida del 15% en el impuesto a las ganancias, frente al 25% previsto en el RIGI y al 35% general. A eso se suman exenciones de derechos de importación y exportación, amortización acelerada de inversiones, reducción de contribuciones patronales y una liberación progresiva de divisas hasta alcanzar el 100% a partir del tercer año de exportaciones.

El diseño del régimen no se limita al frente tributario. También incorpora ventajas regulatorias y mecanismos de protección jurídica para los inversores. Entre ellos, la posibilidad de recurrir a tribunales internacionales en caso de controversias con el Estado argentino, un punto que alimentó buena parte de las críticas opositoras.

Tribunales internacionales y "inversiones protegidas"

Uno de los capítulos más sensibles del proyecto es el que habilita a los inversores a acudir a tribunales internacionales como el CIADI, la Cámara de Comercio Internacional o la Corte Permanente de Arbitraje en caso de controversias con el Estado argentino. La iniciativa también establece que los derechos otorgados bajo el régimen serán considerados "inversiones protegidas" en el marco de tratados internacionales.

Ese encuadre abre la puerta a eventuales reclamos si en el futuro se produjeran modificaciones regulatorias que afectaran las condiciones otorgadas a los proyectos aprobados. Para el oficialismo, se trata de un instrumento de seguridad jurídica destinado a reducir el riesgo percibido por los grandes inversores. Para la oposición, en cambio, constituye uno de los puntos más delicados del texto, porque podría consolidar un esquema de blindaje extraordinario para corporaciones de gran porte y limitar la capacidad futura del Estado para revisar condiciones o redefinir políticas públicas.

Provincias y municipios, también alcanzados 

El proyecto no sólo establece beneficios a nivel nacional. También prevé compromisos para que provincias y municipios mantengan el impuesto sobre los Ingresos Brutos por debajo del 0,5% y eliminen impuestos de sellos y otros tributos locales. Esa cláusula amplía el alcance del régimen más allá de la órbita nacional y busca homogeneizar el tratamiento impositivo sobre los proyectos aprobados.

La inclusión de ese punto refuerza el carácter integral del Súper RIGI como herramienta de promoción, pero al mismo tiempo profundiza el debate sobre el grado de condicionamiento que podría implicar para las jurisdicciones subnacionales. Aunque el texto apunta a crear un entorno fiscal uniforme y competitivo para las inversiones, la exigencia de adecuar tributos provinciales y municipales quedó incorporada como una de las características más significativas del proyecto.

El oficialismo defendió la inversión privada

La defensa del proyecto en el recinto estuvo a cargo del diputado libertario Alberto "Bertie" Benegas Lynch, quien intervino como miembro informante de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. En su exposición, reivindicó el papel de la inversión privada como motor del crecimiento económico, sostuvo que "el capital dignifica el trabajo", reclamó "proteger la propiedad" y cuestionó la presión impositiva y la inestabilidad regulatoria como factores que, a su juicio, explican buena parte del deterioro productivo del país.

Benegas Lynch también pidió una "autocrítica" a quienes considera responsables del deterioro del sector productivo argentino. Su intervención sintetizó el enfoque del oficialismo: el Súper RIGI es presentado como una herramienta para revertir un entorno históricamente hostil a la inversión, construir un marco de previsibilidad de largo plazo y atraer industrias que hoy no tienen escala en la Argentina.

Desde esa perspectiva, el régimen no aparece sólo como un esquema de incentivos, sino como una pieza central de una estrategia más amplia de apertura económica y promoción de capitales de gran volumen en sectores vinculados con el cambio tecnológico y la transición energética.

La oposición cuestionó la falta de precisiones 

La crítica opositora se concentró en varios frentes. Uno de los más insistentes fue la falta de precisión respecto de las empresas o proyectos concretos a los que apunta el régimen. La amplitud del texto, que alude a industrias del futuro y a sectores genuinamente nuevos sin identificar con claridad destinatarios específicos, fue presentada como una de las principales debilidades del proyecto.

El diputado Martín Lousteau lo remarcó durante su intervención. "El secretario de Energía Daniel González dijo que no tenía certeza para quién era esta ley", recordó. Y agregó: "Este es un régimen inédito, el más generoso de todos, con renuncia de soberanía, con pérdida fiscal monumental, pero no sabemos quiénes vendrán. Esta es la diferencia con el RIGI, que fue para ocho sectores, se sabía cuáles. No sabemos con quién comparar".

La oposición también denunció que el Súper RIGI configura un régimen de excepción para un puñado de grandes proyectos y cuestionó el costo fiscal que implican los beneficios otorgados. En esa línea, el debate se desplazó desde la necesidad de atraer inversiones hacia la discusión sobre qué tipo de concesiones está dispuesto a otorgar el Estado para lograrlo y qué impacto puede tener eso sobre la recaudación y la soberanía regulatoria.

Vigencia, modificaciones y requisitos

La iniciativa tendrá una vigencia inicial de cinco años, con la posibilidad de ser prorrogada por un año por única vez. Durante ese período, el oficialismo aspira a captar proyectos industriales de gran escala que hoy no se desarrollan en el país y que permitan agregar valor a los recursos naturales ya impulsados por el RIGI.

En el trámite por comisiones, el texto original recibió una serie de modificaciones impulsadas por bloques aliados. Entre los cambios incorporados figuran beneficios para proyectos que realicen inversiones en investigación y desarrollo, la obligación de presentar planes de integración de proveedores locales con un piso del 20% de contratación, una ampliación de los objetivos vinculados al desarrollo tecnológico y la creación de un registro público de proyectos aprobados.

También se sumaron ajustes en materia ambiental y social. El régimen ahora exige que los inversores acrediten que sus iniciativas no comprometerán recursos naturales ni infraestructura esencial. Además, se incorporó una nueva causal de rechazo para proyectos con impactos negativos significativos en sus áreas de influencia, un punto que busca reforzar el control sobre los efectos territoriales de las inversiones.