El oficialismo busca acelerar la aprobación de la Ley de Propiedad Privada y este jueves dio un paso clave para destrabar las diferencias que habían demorado su tratamiento en el Senado. La jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, encabezaron una reunión a puertas cerradas para definir el texto final que será debatido en la sesión prevista para el próximo 6 de agosto.
El encuentro, que se extendió durante casi dos horas, tuvo como objetivo alcanzar un consenso luego de las modificaciones planteadas por legisladores aliados, especialmente en torno al capítulo que reforma la Ley de Tierras Rurales.
Tras la reunión, Bullrich se mostró confiada en que el proyecto será aprobado. "Hemos hecho una buena ley, con aporte de todos. Han participado gobernadores y senadores de distintas provincias con una mirada constructiva. Creemos que va a salir", afirmó.
La senadora sostuvo además que la iniciativa garantiza la protección de la soberanía nacional al impedir que Estados extranjeros adquieran tierras en el país. "La soberanía está absolutamente resguardada", aseguró.
No obstante, descartó que el proyecto establezca límites para la compra de tierras por parte de personas extranjeras. Según explicó, la Constitución Nacional otorga a los extranjeros los mismos derechos y obligaciones que a los ciudadanos argentinos. "Uno no tiene limitaciones en la cantidad de departamentos que tiene, tampoco en la cantidad de hectáreas", señaló.
La iniciativa propone eliminar las restricciones que actualmente fija la Ley de Tierras Rurales para la adquisición de campos por parte de inversores extranjeros. La normativa vigente establece que no pueden superar el 15% de la superficie rural del país y fija límites por nacionalidad y por cantidad de hectáreas.
El nuevo proyecto mantiene únicamente la prohibición para que Estados extranjeros, organismos públicos, empresas estatales o fondos fiduciarios vinculados a otros gobiernos puedan adquirir tierras en Argentina, salvo que el Poder Ejecutivo considere que la operación no representa un riesgo para la seguridad, la defensa o la soberanía nacional.
Otro de los puntos en discusión es el rol de las provincias. El dictamen aprobado en comisión otorga a los gobernadores la facultad de autorizar, regular o rechazar la venta de tierras a extranjeros dentro de sus jurisdicciones, aunque todavía persisten diferencias sobre el alcance de esas atribuciones y el control que conservará el Estado nacional sobre zonas estratégicas.
De la reunión también participaron la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy; el secretario de Transformación del Estado, Maximiliano Fariña; y los equipos de los senadores Agustín Coto y Nadia Márquez, presidentes de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General, respectivamente.
El impulso a la iniciativa se produce luego de que el presidente Javier Milei defendiera públicamente el proyecto y cuestionara a quienes se oponen a la reforma. Según sostuvo, quienes rechazan una mayor protección del derecho de propiedad son "los responsables de la decadencia argentina".
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