El conflicto entre el presidente Javier Milei y el gobernador Axel Kicillof ha escalado tras una serie de crímenes en la provincia de Buenos Aires. En medio de la conmoción por el asesinato de Kim Gómez, una niña de 7 años en La Plata, el mandatario nacional exigió la renuncia de Kicillof, lo que desató una ola de respuestas desde la administración bonaerense.
El cruce de declaraciones entre Milei y el gobierno bonaerense
Javier Milei utilizó sus redes sociales para acusar a Kicillof de ser responsable del "baño de sangre" en la provincia y rechazó cualquier posibilidad de trabajo conjunto en materia de seguridad. Argumentó que la gestión bonaerense protege a los delincuentes y que su visión es incompatible con la del Gobierno Nacional.
Por su parte, desde la administración de la provincia de Buenos Aires, diversas figuras salieron al cruce de Milei. Alexis Guerrera, presidente de la Cámara de Diputados de la PBA, calificó como "muy grave en términos institucionales" el pedido de renuncia de Milei a Kicillof. El ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis, lo acusó de utilizar "el dolor de la gente para ganar un voto más" y señaló que el Gobierno Nacional recortó fondos esenciales para la seguridad.
La quita de fondos y su impacto en la seguridad bonaerense
Uno de los puntos clave de la disputa es la reducción de recursos destinados a la seguridad en la provincia. Kicillof denunció que el Ejecutivo nacional eliminó un fondo de $750 mil millones que estaba destinado a fortalecer la seguridad en Buenos Aires. Según el gobernador, estos fondos podrían haber sido utilizados para la compra de patrulleros, cámaras de seguridad y construcción de cárceles.
Victoria Tolosa Paz, diputada nacional, también se sumó a las críticas y responsabilizó a Milei por la crisis de inseguridad en Buenos Aires, afirmando que "la sangre es suya" en referencia al retiro de estos recursos clave.
El debate sobre la imputabilidad y la responsabilidad en la lucha contra el crimen
El asesinato de Kim Gómez reavivó el debate sobre la baja en la edad de imputabilidad. Kicillof señaló que el principal acusado del crimen, un joven de 17 años, ya podría ser condenado según la ley actual, por lo que la discusión no debe centrarse exclusivamente en la edad, sino en mejorar el sistema judicial y de seguridad.
En paralelo, el ministro de Justicia provincial, Juan Martín Mena, acusó al presidente de "sacar ventaja política" en un momento de profundo dolor para la sociedad argentina. Aseguró que el Gobierno Nacional "abandonó todas sus obligaciones" y lo señaló como responsable del deterioro de la seguridad en la provincia.