En el marco de la reestructuración de organismos públicos, el Gobierno nacional dejará sin funciones a más de 5100 trabajadores de la Dirección Nacional de Vialidad, tras avanzar con la disolución definitiva del organismo. La medida forma parte del proceso de centralización de las dependencias viales bajo la órbita de la Secretaría de Transporte.
Según confirmaron fuentes oficiales, toda la planta de Vialidad pasará a disponibilidad. Parte de los empleados será reubicada en áreas del Ministerio de Economía, que absorberá la gestión de los 40.000 kilómetros de rutas que estaban bajo control del organismo, así como en la nueva Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte.
Desde la mesa técnica de Balcarce 50 explicaron que los trabajadores permanecerán en disponibilidad con goce de sueldo por un plazo de hasta un año, durante el cual podrán ser capacitados para cumplir nuevas funciones o para participar en servicios tercerizados del Estado. "Estamos evaluando la cantidad de personal que necesitarán las nuevas estructuras", señalaron voceros del oficialismo.
Aquellos empleados que no sean reubicados recibirán una indemnización equivalente a un mes de sueldo por cada año trabajado o fracción mayor a tres meses, tomando como base la mejor remuneración del último año. Además, el capítulo de Empleo Público de la Ley Bases habilita la posibilidad de transferir agentes a provincias y municipios.
Sin embargo, el Ejecutivo también analiza aplicar el articulado de la norma que le permite evitar el pago de indemnizaciones cuando se detecten irregularidades como inasistencias injustificadas, abandono de tareas o incumplimiento de horario laboral.
En paralelo, el Gobierno trabaja en el inventario de todos los bienes del organismo, incluyendo inmuebles, maquinaria, flota automotor y equipos viales, que deberá entregar a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). También transferirá los fondos líquidos, títulos públicos y letras a una cuenta del Tesoro Nacional. Vialidad Nacional tenía asignado un presupuesto de $456.777 millones.
La misma lógica de disolución será aplicada a la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial (CNTySV) y a la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), que también fueron desarticuladas esta semana. En tanto, la Junta de Seguridad en el Transporte fue reconvertida en la nueva Agencia de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación.
Asimismo, el control de las rutas fue transferido a la Gendarmería Nacional —dependiente del Ministerio de Seguridad— tras la transformación de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT). El Ministerio de Economía, por su parte, no solo asumió las funciones de Vialidad, sino que impulsa la creación de un Consejo Vial Federal.