En una sesión que se extendió hasta la madrugada y que estuvo atravesada por intensas negociaciones políticas, el Senado de la Nación aprobó una versión profundamente modificada de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, aunque el resultado dejó en evidencia las dificultades del oficialismo para sostener el texto original impulsado por La Libertad Avanza.
La iniciativa, cuya definición ahora quedará en manos de la Cámara de Diputados, sufrió importantes cambios durante su tratamiento. El Gobierno, con Patricia Bullrich al frente de la iniciativa política, no solo había eliminado días antes el capítulo referido a la venta de tierras a extranjeros, sino que además debió retirar, antes de la votación en general, la reforma a la Ley de Manejo del Fuego, uno de los puntos que mayor resistencia había generado entre distintos bloques parlamentarios.
Como consecuencia de esa decisión, continuarán vigentes los bloqueos para el uso de tierras durante 30 y 60 años, según corresponda, después de incendios, tal como establece la legislación vigente impulsada años atrás por Máximo Kirchner.
La caída de ese capítulo fue interpretada como un duro revés para el oficialismo y generó una celebración visible entre los sectores opositores, cuyos legisladores incluso aplaudieron y se abrazaron al finalizar la votación, pese a que esas manifestaciones no están permitidas dentro del recinto.
El proyecto que avanzó y los cambios que quedaron en pie
Luego de las modificaciones introducidas durante el debate, el texto aprobado conservó únicamente algunos de los puntos previstos originalmente.
Entre ellos permanecieron las reformas vinculadas a las condiciones para activar expropiaciones por parte del Estado, así como los mecanismos de desalojos exprés en casos de usurpaciones mediante juicios sumarísimos y procedimientos abreviados para situaciones de falta de pago de alquileres.
En contraste, la reforma sobre el Manejo del Fuego fue retirada completamente del proyecto antes de su tratamiento en general, por lo que continuarán vigentes las restricciones actuales sobre las tierras afectadas por incendios.
La discusión previa sobre las sesiones virtuales
Antes del inicio del debate legislativo se produjo otro episodio que modificó el desarrollo de la jornada. Una coincidencia entre Patricia Bullrich, bloques dialoguistas e incluso el propio kirchnerismo dejó sin efecto, en menos de un minuto, el intento impulsado por Victoria Villarruel, quien se encontraba a cargo del Poder Ejecutivo debido al viaje al exterior del presidente Javier Milei, para que el Senado debatiera la habilitación de sesiones virtuales para dos legisladores.
Los involucrados eran la senadora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti y el senador radical Flavio Fama, quienes habían solicitado participar de manera remota por motivos médicos.
Formalmente, la discusión perdió relevancia porque ya había sido retirado el capítulo sobre venta de tierras a extranjeros, por lo que los votos de ambos legisladores dejaban de ser determinantes para ese punto.
No obstante, los bloques coincidieron en que habilitar modificaciones al reglamento sin un dictamen previo de la Comisión de Asuntos Constitucionales implicaba abrir la posibilidad de futuros cuestionamientos sobre el funcionamiento del Senado, el quórum y las votaciones, ya que cualquier cambio reglamentario requiere una mayoría especial de dos tercios.
El intento del kirchnerismo que no pasó
Una vez iniciado el tratamiento de la iniciativa, el presidente del interbloque kirchnerista, José Mayans, presentó una moción para devolver el proyecto a comisión. La propuesta fue rechazada por 38 votos contra 31, resultado que mostró el respaldo del oficialismo y de sectores aliados para continuar con el tratamiento parlamentario.
Sin embargo, con el correr de las horas comenzó a consolidarse la preocupación sobre la viabilidad política del capítulo referido al Manejo del Fuego, que finalmente terminó siendo retirado antes de la votación.
Los argumentos expuestos durante el debate
El miembro informante fue el senador oficialista Agustín Coto, representante de Tierra del Fuego y presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales.
Durante su intervención defendió el régimen de desalojos exprés, sosteniendo que procedimientos similares ya existen en distintas provincias. Respecto del capítulo referido al Manejo del Fuego, consideró que la propuesta elevaba de manera importante las penas para quienes provocaran incendios intencionales, aunque cuestionó que la inmovilización de los terrenos durante períodos de 30 a 60 años equivaliera, en los hechos, a "literalmente una vida".
Las declaraciones fueron respondidas por el senador peronista Pablo Bensusán, de La Pampa, quien sostuvo que, más allá de la eliminación del capítulo sobre tierras, el resto del proyecto seguía afectando recursos naturales estratégicos del país.
Además, cuestionó el procedimiento utilizado para modificar el texto.
Según afirmó, los legisladores recibieron apenas una hora antes del inicio de la sesión un archivo sin membrete, sin firmas y con numerosas modificaciones introducidas desde mayo sin haber sido debatidas públicamente en comisión.
Objeciones constitucionales y críticas políticas
Desde la Unión Cívica Radical, el senador bonaerense Maximiliano Abad manifestó su respaldo a las reformas sobre expropiaciones y desalojos, aunque expresó una fuerte oposición al capítulo relacionado con el Manejo del Fuego.
Abad advirtió que el artículo 41 de la Constitución Nacional reconoce el derecho a un ambiente sano y señaló que la jurisprudencia consolidó el principio de no regresión ambiental. Según sostuvo, una modificación de esas características probablemente terminaría siendo judicializada y afectaría la previsibilidad que el propio Gobierno sostiene querer recuperar.
Las críticas también llegaron desde el peronismo. La senadora riojana Florencia López calificó al Gobierno como "chapucero, desorganizado" e "improvisado", cuestionando los cambios de criterio introducidos durante el tratamiento parlamentario.
En el tramo final del debate, la senadora chubutense Edith Terenzi anunció su abstención respecto del capítulo de desalojos y adelantó que no acompañaría la reforma del Manejo del Fuego.
Advirtió que esa modificación dejaría sin protección a los ecosistemas y sostuvo que eliminaría los límites existentes para su preservación. Con el paso de las horas y cuando ya circulaban versiones sobre la caída del capítulo ambiental, la atención del recinto se concentró casi exclusivamente en ese desenlace.
Finalmente, desde Convicción Federal también se sumaron a la postura opositora. José Mayans calificó el proyecto como "profundamente inconstitucional" y cuestionó el tratamiento recibido en comisión.
La defensa de Patricia Bullrich
En el cierre del debate tomó la palabra Patricia Bullrich, quien horas antes había difundido un video en la red social X centrado exclusivamente en el capítulo referido a los desalojos.
Durante su intervención sostuvo que "pareciera que la propiedad privada es una mala palabra" y criticó a quienes, según expresó, permanecen indiferentes frente a las usurpaciones de viviendas o territorios. También hizo referencia a situaciones en barrios populares, donde afirmó que los narcotraficantes despojan de sus viviendas a numerosas familias.
Bullrich sostuvo que la propiedad privada representa una garantía de certeza para los ciudadanos y denunció que, a su entender, "hicieron de la Constitución un papel muerto".
En su exposición también cuestionó a dirigentes de movimientos sociales con causas penales, recordó el caso de YPF, mencionó la base china instalada en Neuquén durante gobiernos anteriores y aseguró que el promedio para cobrar una indemnización luego de una expropiación alcanza los 18 años.