El Senado de la Nación se prepara para dar un paso clave en el tratamiento de la denominada Ley Hojarasca, un proyecto que propone la derogación de un amplio conjunto de normas consideradas obsoletas o incompatibles con las actuales condiciones institucionales, tecnológicas y sociales del país. La iniciativa, que ya obtuvo sanción en la Cámara de Diputados, será analizada este miércoles a las 15 horas durante un plenario conjunto de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General.

El encuentro estará encabezado por los presidentes de ambas comisiones, los legisladores libertarios Agustín Coto y Nadia Márquez, y tendrá como principal objetivo avanzar en la emisión de un dictamen favorable que permita acelerar su tratamiento en el recinto de la Cámara alta.

Según indicaron voceros parlamentarios a la Agencia de Noticias Argentinas, la intención es firmar el despacho sin introducir modificaciones al texto aprobado por Diputados. De concretarse ese escenario, el proyecto podría quedar en condiciones de convertirse en ley antes de fin de mes.

Revisar normas del siglo XIX y XX

La denominada Ley Hojarasca propone una revisión integral de legislación vigente aprobada en diferentes períodos históricos del país. El proyecto alcanza tanto normas sancionadas durante gobiernos militares como aquellas promulgadas por administraciones constitucionales a lo largo del siglo XX.

De acuerdo con los fundamentos expuestos en la iniciativa, muchas de estas leyes han perdido vigencia práctica debido a los cambios tecnológicos, institucionales y sociales registrados en las últimas décadas, mientras que otras son consideradas incompatibles con las libertades individuales o con el funcionamiento actual del Estado.

El proyecto contempla la derogación de aproximadamente 70 normas que, según sus impulsores, ya no cumplen una función efectiva dentro del ordenamiento jurídico argentino.

Reuniones públicas y medios de comunicación

Entre las leyes cuya eliminación se propone aparece la Ley N° 20.120, sancionada durante la gestión de Alejandro Agustín Lanusse. Según se detalla en el proyecto, esta norma obliga a los organizadores de reuniones públicas realizadas en lugares cerrados a dar aviso previo a las autoridades y habilita el ingreso de la policía a dichos encuentros.

La iniciativa sostiene que esta legislación representa una limitación a la libertad personal y plantea su derogación dentro del paquete de reformas.

Otra de las normas incluidas es la Ley N° 20.983, sancionada en 1975, que establece la obligación para los medios de comunicación radiales y televisivos de destinar un mínimo de 60 minutos diarios a contenidos relacionados con el turismo nacional. La propuesta considera que esa disposición ha quedado desactualizada y forma parte del conjunto de regulaciones cuya eliminación se impulsa.

Legislación sobre medios, cultura y control estatal

Dentro del listado también aparecen varias normas vinculadas al funcionamiento de los medios de comunicación, la producción cultural y distintos mecanismos de regulación estatal.

Entre ellas figuran:

• Ley N° 18.312 (1969): controla la disponibilidad de papel para diarios.
• Ley N° 19.787 (1972): obliga a la difusión de determinados tipos de música considerados apropiados por el Estado.
• Ley N° 21.056 (1975): obliga a las empresas de transporte de media y larga distancia a exhibir material promocional vinculado al turismo.
• Ley N° 25.750 (2003): establece que la propiedad de los medios de comunicación debe permanecer en empresas nacionales y limita la participación extranjera a un máximo del 30% del capital accionario.

La propuesta legislativa busca dejar sin efecto todas estas regulaciones en el marco de una revisión general del sistema normativo.

Tecnología, marcas y uso de mapas

Otro bloque de normas incluidas en el proyecto está relacionado con cuestiones tecnológicas y administrativas. Entre ellas se encuentran:

• Ley N° 22.426 (1981): obliga a que toda transferencia de tecnología o marcas sea aprobada por el Estado.
• Ley N° 22.963 (1983): exige autorización estatal para utilizar mapas de la Argentina con cualquier finalidad.

Estas disposiciones forman parte del conjunto de leyes que el proyecto considera desactualizadas frente a las transformaciones tecnológicas ocurridas en las últimas décadas.

Premios, reconocimientos y disposiciones particulares

La iniciativa también propone eliminar una serie de leyes vinculadas a programas específicos, reconocimientos o disposiciones particulares. Entre ellas se destacan:

• Ley N° 20.843 (1974): instituye la figura del Padrinazgo Presidencial del séptimo hijo.
• Ley N° 24.127 (1992): crea el Premio Nacional a la Calidad para el sector privado y la administración pública.
• Ley N° 27.171 (2015): establece el registro del año de nacimiento y matrícula de las palomas mensajeras de carrera.
• Ley N° 19.648 (1972): declara de interés nacional la explotación de carbón mineral.

A estas se suma la Ley N° 94 de 1864, una de las más antiguas incluidas en el proyecto, que establece la inhabilitación por diez años para la autoridad que haga azotar a una persona.

Derechos humanos e investigación pública

Dentro del amplio listado también figuran normas relacionadas con derechos humanos y políticas públicas. Entre ellas se encuentra:

• Ley N° 14.034 (1951): impone pena de prisión para argentinos que defiendan en ámbitos internacionales los derechos humanos en el país.
• Ley N° 26.688 (2011): declara de interés nacional la investigación y la producción pública de medicamentos.

Ambas forman parte de las aproximadamente 70 normas que la iniciativa busca dejar sin efecto.