Luego de varias semanas de negociaciones y de la decisión de retirar por completo el capítulo referido a la venta de tierras a extranjeros, el Senado de la Nación retomará este jueves, desde las 14, la sesión que había pasado a cuarto intermedio durante el mes de julio.
La Cámara alta buscará avanzar con el tratamiento del resto de la denominada ley de propiedad privada, una iniciativa que sufrió importantes modificaciones respecto del dictamen original y que llega al recinto con varios capítulos que continúan generando debate entre los distintos bloques políticos.
La eliminación del apartado vinculado con la venta de tierras representó un nuevo revés para el oficialismo libertario, que impulsaba esa modificación dentro del proyecto original. Sin embargo, tras la caída de ese título, la discusión legislativa continuará sobre otros aspectos que permanecen vigentes en la iniciativa.
Además del tratamiento de los artículos previstos en el proyecto, la sesión estará atravesada por una discusión reglamentaria vinculada con la decisión de la vicepresidenta Victoria Villarruel de habilitar la participación virtual de dos legisladores.
Debate reglamentario por la participación virtual
Antes de ingresar al tratamiento de los distintos capítulos de la ley, el Senado deberá resolver una controversia relacionada con el funcionamiento del recinto. Según el texto base, la habilitación otorgada por Victoria Villarruel para que dos senadores participen de manera virtual deberá ser convalidada por el pleno, debido a que es el cuerpo el que tiene la potestad de aprobar ese mecanismo.
La decisión generó cuestionamientos dentro del oficialismo, conducido por Patricia Bullrich, donde existe un fuerte malestar por esa determinación. Asimismo, el texto señala que también hay sectores de los bloques dialoguistas que rechazan la medida, aunque esas críticas se expresan, por el momento, de manera reservada.
En cualquier caso, será el desarrollo de la sesión y la votación del pleno la que definirá la validez de esa modalidad de participación.
El nuevo esquema para las expropiaciones
Uno de los capítulos centrales del proyecto está referido al régimen de expropiaciones. La versión que llegará al recinto proviene de un dictamen elaborado originalmente en mayo y posteriormente reformulado mediante al menos 17 borradores adicionales.
El texto establece que podrán ser objeto de expropiación los "bienes convenientes o necesarios para la satisfacción de la utilidad pública, cualquiera sea su naturaleza jurídica, pertenezcan al dominio público o al dominio privado, sean cosas o no". Al mismo tiempo, incorpora un criterio de interpretación restrictiva al disponer que la declaración de utilidad pública deberá identificar de manera específica y concreta el objetivo perseguido y que la expropiación deberá resultar idónea, necesaria y proporcional para alcanzar ese fin.
En materia de indemnizaciones, la propuesta establece que la compensación comprenderá únicamente el valor objetivo del bien, tomando como referencia el valor de mercado cuando éste pueda ser determinado, además de los daños que constituyan una consecuencia directa e inmediata de la expropiación.
El proyecto también aclara que no serán considerados factores personales, valores afectivos, ganancias hipotéticas ni el eventual incremento de valor que pudiera adquirir el inmueble debido al proyecto que origine la expropiación.
Respecto del lucro cesante, la iniciativa dispone que podrá incorporarse a la indemnización únicamente cuando constituya una consecuencia directa e inmediata de la expropiación, esté debidamente acreditado mediante pruebas objetivas y no implique duplicación de conceptos indemnizatorios.
Asimismo, fija un límite al establecer que, en ningún caso, la indemnización podrá superar el equivalente al 30% del valor del daño emergente, salvo que el expropiado demuestre de manera fehaciente una afectación superior.
El capítulo también contempla beneficios para quienes acrediten una posesión pacífica, ostensible y continua durante diez años sobre inmuebles urbanos edificados destinados a vivienda única y permanente, siempre que reúnan las condiciones previstas por la reglamentación correspondiente.
Cambios en los procesos de desalojo
Otro de los ejes del proyecto está relacionado con el régimen de desalojos por falta de pago de alquileres. La iniciativa establece que, cuando el destino del inmueble sea habitacional, el propietario deberá intimar previamente al inquilino para que regularice la deuda antes de iniciar una demanda judicial.
Esa intimación deberá realizarse de manera fehaciente y otorgar un plazo no inferior a diez días corridos, contados desde la recepción de la notificación, indicando además el lugar donde deberá efectuarse el pago. El texto también dispone que la notificación podrá dirigirse al domicilio denunciado en el contrato, ya sea real o electrónico, y será considerada válida incluso si el locatario se negara a recibirla o si la comunicación no pudiera concretarse por causas atribuibles al propio inquilino.
Una vez vencido ese plazo o extinguida la locación por cualquier motivo, el locatario deberá restituir la tenencia del inmueble.
Si ello no ocurre, el locador quedará habilitado para iniciar la acción judicial de desalojo, la cual deberá tramitarse mediante el procedimiento más breve previsto por la legislación.
La propuesta agrega además que el propietario no podrá negarse a recibir las llaves del inmueble ni condicionar su recepción, sin perjuicio de mantener las reservas correspondientes respecto de las obligaciones pendientes del inquilino.
Modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego
Otro de los capítulos que permanecerá en discusión propone cambios en la Ley de Manejo del Fuego. El proyecto establece que, en caso de incendios sobre superficies de bosques nativos, cualquiera sea su titular, no podrán modificarse el uso ni el destino que esas áreas tenían antes del siniestro.
La iniciativa introduce diferencias respecto de la legislación vigente impulsada por Máximo Kirchner durante la presidencia de Alberto Fernández. Según el texto base, la normativa actual establece prohibiciones para vender esos terrenos o modificar su destino durante un plazo de 60 años.
Además, el proyecto propone eliminar el artículo 22 quáter de la ley vigente. Ese artículo dispone que, cuando se produzcan incendios en zonas agropecuarias, praderas, pastizales y matorrales, queda prohibido durante 30 años:
- La realización de emprendimientos inmobiliarios.
- El desarrollo de actividades agropecuarias distintas a las existentes antes del incendio.
- La modificación del uso del suelo para desarrollar prácticas agropecuarias intensivas, salvo que esas actividades ya existieran antes del siniestro.
Los ejes centrales del debate
Durante la sesión prevista para este jueves, los principales temas que permanecerán en discusión serán:
- Expropiaciones, con nuevas reglas sobre utilidad pública e indemnizaciones.
- Desalojos, mediante un procedimiento que incorpora intimación previa y procesos judiciales abreviados.
- Cambios en la Ley de Manejo del Fuego, incluyendo modificaciones respecto de las restricciones actualmente vigentes.
- Debate reglamentario sobre la participación virtual de dos senadores habilitada por la vicepresidenta Victoria Villarruel.
Con la eliminación del capítulo referido a la venta de tierras a extranjeros, el Senado retomará el tratamiento de una iniciativa que mantiene varios puntos de fuerte discusión política y jurídica. Mientras el oficialismo intentará avanzar con los artículos que permanecen en el proyecto, la sesión también estará marcada por la controversia reglamentaria sobre la participación remota de dos legisladores y por el debate de aspectos vinculados con las expropiaciones, los desalojos y las modificaciones propuestas para la Ley de Manejo del Fuego.