El Senado de la Nación atraviesa tensas negociaciones en la previa a la sesión convocada para este jueves, donde se debatirá la situación del senador Edgardo Kueider, detenido en Paraguay tras ser encontrado con 200 mil dólares no declarados. La complejidad del caso radica no solo en la gravedad del hecho, sino también en las posturas divergentes dentro de las principales fuerzas políticas sobre cómo proceder, entre quienes proponen la expulsión inmediata y quienes optan por una suspensión temporal mientras avanza la investigación judicial.
Un escándalo internacional
El caso de Kueider, senador por Entre Ríos, ha generado conmoción tanto por las acusaciones como por el impacto institucional que implica su detención en el extranjero. Según las autoridades paraguayas, el legislador fue encontrado con una suma de dinero que no pudo justificar adecuadamente, lo que activó alarmas sobre la posible existencia de actividades ilícitas. Desde su lugar de detención, Kueider presentó un pedido de licencia sin goce de haberes, pero la gravedad del hecho llevó a los legisladores a plantear medidas disciplinarias más severas.
El Interbloque liderado por José Mayans, que cuenta con mayoría relativa en la Cámara Alta, ha propuesto la expulsión inmediata de Kueider. Sin embargo, la expulsión requiere dos tercios de los votos en el recinto, lo que obliga al kirchnerismo a negociar con otras bancadas para conseguir los apoyos necesarios. En las últimas horas, quedó claro que varios senadores dentro del propio espacio no respaldan esta medida extrema y prefieren optar por la suspensión temporal, hasta que haya un fallo judicial concluyente.
La ausencia de cuatro senadores kirchneristas, actualmente en viaje al Vaticano, complica aún más las posibilidades de avanzar con la expulsión. Según fuentes del interbloque, si no se logran los números necesarios, Mayans avalaría una suspensión hasta el 1° de marzo de 2025 como medida alternativa.
Las divisiones en el PRO
El PRO, que podría inclinar la balanza con su decisión, enfrenta un intenso debate interno. Por un lado, referentes como Luis Juez sostienen que la única salida aceptable es la expulsión directa de Kueider, ya que consideran inadmisible mantener en su banca tras un hecho de esta magnitud. Por otro lado, un sector del bloque propone suspender al senador momentáneamente y permitirle ejercer su derecho a defensa mientras se aclara su situación judicial.
"Nosotros no podemos permitir que un senador involucrado en un caso tan grave vuelva a ocupar su banca sin consecuencias claras", sostuvo el juez tras reunirse con Victoria Villarruel, presidenta del Senado.
El enfoque de la UCR
La Unión Cívica Radical (UCR), presidida en el Senado por Eduardo Vischi, se inclina mayoritariamente por la suspensión de Kueider y plantea que el caso sea remitido a la Comisión de Asuntos Constitucionales. Desde esta instancia, se analizará en profundidad el expediente y se garantizará que Kueider tenga oportunidad de defenderse antes de tomar una decisión definitiva. La propuesta refleja una posición intermedia entre las dos posturas más extremas, buscando preservar el debido proceso.
El caso de Kueider ha desatado una serie de declaraciones fuertes entre los legisladores. La senadora Guadalupe Tagliaferri (PRO) expresó su preocupación: "No podemos tratar este caso como si nada hubiera pasado. Hay que buscar la opción que logre los dos tercios: o la expulsión o la suspensión. Si ninguna de las dos prospera, estamos fallándole a la ciudadanía".
Por su parte, Mónica Silva, senadora de Río Negro, fue contundente: "Es un dolor enorme saber que un senador fue encontrado infraganti con dinero no declarado. No podemos vacilar en tratar este tema, porque lo que está en juego es la credibilidad de nuestras instituciones".
Más allá de la figura de Kueider, el debate en el Senado expone tensiones políticas y diferencias estratégicas sobre cómo manejar casos de esta naturaleza. La posibilidad de una expulsión directa genera recelos entre quienes temen sentar precedentes demasiado duros sin que la Justicia haya emitido un fallo firme. Sin embargo, la suspensión también es vista como una medida insuficiente para quienes buscan dar una señal más clara de repudio ante el escándalo.
De no lograrse los votos necesarios para la expulsión, la suspensión de Kueider hasta marzo de 2025 parece ser el desenlace más probable. En este caso, el Senado daría tiempo a que la Justicia paraguaya avanzara en el esclarecimiento de los hechos.
La sesión del jueves será clave no solo para resolver el futuro de Kueider, sino también para observar cómo cada espacio político posiciona sus prioridades en un escenario marcado por la necesidad de preservar la confianza pública en las instituciones.