Mientras el escándalo por el cambio de postura de los senadores misioneros sobre el proyecto de Ficha Limpia acaparó la atención pública, otra discusión pendiente volvió a quedar relegada en el Senado: las dietas de los legisladores. Pese a que el debate lleva más de un año sin resolverse, el tema sigue sin avances concretos.
Antes de la sesión del último miércoles, el bloque oficialista, liderado por el jujeño Ezequiel Atauche, difundió un comunicado en el que reiteró su respaldo a congelar las dietas, aunque también reclamó una discusión de fondo sobre los ingresos. "Queremos reafirmar nuestro compromiso con la sociedad congelando las dietas y no cobrando el aumento correspondiente. Aunque la inflación baja, los argentinos siguen haciendo sacrificios. Debemos ponernos al frente de ese sacrificio", expresaron.
Sin embargo, la propuesta no fue tratada en la reunión de Labor Parlamentaria, donde los jefes de bloque definen el temario de las sesiones. En el despacho de la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, se acumulaban pedidos como el del senador Luis Juez (PRO), solicitando no percibir el aumento del 2,7% derivado de la última paritaria de los trabajadores legislativos, correspondiente a los meses de enero y febrero.
Ese ajuste impactó directamente en los haberes de los senadores, debido a que en abril de 2024 el cuerpo votó, a mano alzada y sin registro nominal, vincular sus dietas a las actualizaciones salariales del personal legislativo. Así, en mayo los legisladores cobraron sus haberes con el incremento correspondiente, alcanzando los $9,2 millones en bruto y $7,6 millones en mano tras los descuentos.
La vicepresidenta Villarruel no puede actuar por sí sola para revertir esta situación: según la Constitución, su rol en el Senado es de administración y presidencia de las sesiones, pero no puede tomar decisiones internas sin respaldo del cuerpo legislativo.
En enero, Villarruel había emitido una resolución para congelar las dietas hasta el 31 de marzo, cuando el Senado aún no sesionaba. En ese momento, la mayoría de los bloques -salvo Unión por la Patria- le habían solicitado que firmara un decreto interno para frenar los aumentos, con el compromiso de debatir el tema más adelante. Ese debate aún no se concretó.
En paralelo, se presentaron proyectos en comisiones para discutir los ingresos en los tres poderes del Estado. Uno de ellos es del formoseño José Mayans (UxP), y otro del senador Francisco Paoltroni, exlibertario.
Diputados también discuten ingresos
El debate por las remuneraciones también llegó a la Cámara de Diputados. Un grupo de legisladores de bloques como Unión por la Patria, Encuentro Federal, Frente de Izquierda e Innovación Federal, presentó un proyecto para que el presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, reabra las negociaciones paritarias con la Asociación del Personal Legislativo (APL).
"El Congreso no puede ser indiferente ante la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores", argumentaron en un comunicado. La diferencia con el Senado es clave: cualquier reapertura paritaria en Diputados no impacta automáticamente en las dietas, mientras que en la Cámara Alta eso dispararía un nuevo aumento y, probablemente, otro escándalo.
El gesto de Carambia: donación y sorteo
El senador santacruceño José María Carambia decidió devolver parte del aumento. El 8 de mayo realizó un sorteo de dos millones de pesos, ante escribano público, destinado a ciudadanos y organizaciones de su provincia. Más de 6.000 personas y unas 40 ONG se anotaron para participar.
"Me hubiera sentido hipócrita si no lo donaba, ya que había pedido que se rechazara el aumento", explicó el legislador, quien adelantó que repetirá el sorteo el mes próximo. Además, propuso desenganchar las dietas del ajuste salarial del personal.
"El problema fue vincular nuestras dietas a los ingresos de los empleados. Primero, porque eso impide darles los aumentos que sí necesitan. Y segundo, porque ya no vivimos una hiperinflación como para justificar este mecanismo. Lo más sensato sería que cada año el Senado discuta los aumentos y asuma el costo político si decide aplicarlos", concluyó Carambia.