El bloque de Unión por la Patria (UxP) en el Senado fue convocado por su presidente, José Mayans, para definir la convocatoria a una nueva sesión ordinaria con un objetivo central: rechazar el veto presidencial a la ley de emergencia en discapacidad. La estrategia cuenta con el respaldo de otras fuerzas opositoras y con la particularidad de que la vicepresidenta Victoria Villarruel no podrá frenar la iniciativa.
Para la senadora entrerriana Stefanía Cora (UxP), dejar sin efecto la medida del Ejecutivo "es una prioridad de la sociedad". En diálogo con TN, sostuvo: "Creíamos que habíamos construido un consenso lo suficientemente fuerte respecto a que esa emergencia debía convertirse en ley. Pero lamentablemente, se vetó. Diputados ya lo rechazó y ahora nos toca a nosotros esa responsabilidad".
El desafío de los dos tercios
El arco opositor tiene asegurado el quórum mínimo de 37 legisladores para abrir la sesión. El reto será alcanzar los dos tercios del cuerpo, requisito constitucional para insistir con una norma vetada por el Presidente. La Cámara de Diputados ya reunió esa mayoría la semana pasada, y ahora el Senado deberá replicar el resultado para que el veto de Javier Milei quede sin efecto.
A los 34 senadores de UxP se sumarán referentes de la UCR, como Martín Lousteau, Pablo Blanco y Maximiliano Abad; del PRO, como Guadalupe Tagliaferri y Luis Juez; legisladores provinciales, como Mónica Silva (Río Negro), José Carambia y Natalia Gadano (Santa Cruz); y la cordobesa Alejandra Vigo.
"Tenemos que sesionar, confirmar la emergencia en discapacidad y dar la respuesta correcta desde el Senado. Milei debe entender que este Congreso tiene el poder que le da la gente y las facultades para ejercerlo. Si quiere hacer ajustes, que devuelvan las coimas. Porque robar es una cosa, pero robarle a los discapacitados y a los enfermos es aberrante", afirmó la senadora Carolina Moisés (Convicción Federal).
La norma vetada proponía declarar la emergencia por un año y habilitar nuevas altas en pensiones por discapacidad. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el costo fiscal de la medida oscila entre 0,28% y 0,51% del PBI.
Proyecto para limitar los DNU
Otro punto de la agenda parlamentaria será la discusión de un proyecto que busca restringir el uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU).
La Comisión de Asuntos Constitucionales ya emitió dictamen de mayoría sobre la iniciativa, que obliga a tratar los DNU dentro de los 90 días posteriores a su publicación. Si una de las cámaras los rechaza o el plazo se vence, perderán validez. Además, se establece que su aprobación deberá ser ratificada tanto en Diputados como en el Senado.
La Libertad Avanza admite que los bloques opositores tienen las mayorías necesarias para modificar la ley vigente, impulsada en 2006 por Cristina Fernández de Kirchner, que le otorga al Ejecutivo una herramienta clave para compensar su debilidad legislativa: hoy basta con la aprobación de una sola cámara para que un DNU siga vigente.
Reforma judicial en debate
Finalmente, el oficialismo y sectores opositores pondrán sobre la mesa cambios en el Poder Judicial antes de que cierre el período ordinario, el 30 de noviembre.
En el Senado se discute la cobertura de vacantes judiciales y la ampliación de la Corte Suprema. El proyecto con mayor consenso es el del senador salteño Juan Carlos Romero, que propone llevar a siete la cantidad de jueces del máximo tribunal e impedir que más de cinco sean del mismo sexo.
"La conducta del Presidente llegó a un límite intolerable: casi el 35% de los cargos judiciales están vacantes y hay 278 propuestas que el Poder Ejecutivo retiene. Desde que asumió, no se envió ni un solo pliego. Esto compromete seriamente la administración de Justicia", advirtió Ricardo Gil Lavedra, presidente del Colegio de la Abogacía.
