En un Senado convulsionado por el enfrentamiento entre la vicepresidenta Victoria Villarruel y el gremio de la Asociación del Personal Legislativo (APL), encabezado por Norberto Di Próspero, la Comisión de Asuntos Constitucionales —presidida por la senadora cordobesa Alejandra Vigo— busca avanzar este martes en el tratamiento de la media sanción de Diputados sobre los cambios en la ley que reglamenta los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU).
La Cámara Baja había aprobado en su sesión del 9 de octubre la mayoría de las modificaciones a la norma que regula los DNU y la legislación delegada, con 140 votos a favor, 80 en contra y 17 abstenciones. Sin embargo, no logró sancionar un artículo clave: el tercero, que establece un plazo de 90 días para que el Congreso se expida sobre la validez de un DNU. Esa disposición alcanzó 127 votos, dos menos de la mayoría absoluta requerida.
El punto será revisado nuevamente por la Comisión de Asuntos Constitucionales, que deberá definir si acepta la modificación aprobada por Diputados o insiste con la sanción original del Senado. En esta última versión, se establece que un DNU perderá vigencia si no es ratificado por ambas Cámaras dentro de los 90 días corridos desde su publicación en el Boletín Oficial.
Si la comisión logra dictamen, el proyecto quedará habilitado para llegar al recinto antes del 30 de noviembre, fecha de cierre del actual período legislativo, y previo al recambio parlamentario del 10 de diciembre. Entre los nuevos integrantes de la Cámara Alta estará la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien encabezará el bloque de La Libertad Avanza, que contará con 21 senadores.
Desde el oficialismo ya anticipan que, en caso de que la oposición consiga aprobar las modificaciones, el presidente Javier Milei vetará la norma, al considerar los DNU como una herramienta central de su gestión. Además, con el nuevo equilibrio legislativo que se consolidará en diciembre, la Casa Rosada cuenta con un tercio propio entre libertarios y aliados, lo que garantizaría el blindaje frente a cualquier intento opositor de revertir el veto.
Mientras tanto, el clima en el Senado sigue marcado por la tensión gremial. Este lunes, APL realizó una masiva movilización dentro del Palacio Legislativo para denunciar "persecución laboral" por parte de las autoridades administrativas de la Cámara Alta.
El conflicto se originó tras el intento de desplazar a la histórica directora de Personal, Mónica Nieto, y las denuncias del gremio por presuntos "aprietes y amenazas" de parte de colaboradoras cercanas a Villarruel: la directora de Recursos Humanos, Alejandra Figini, y la directora de Auditoría, María Eugenia Tasende.
Durante la protesta, el líder sindical Norberto Di Próspero advirtió que, si continúa la "persecución política e ideológica", podrían "tomar el recinto". "A pesar de todos sus problemas políticos, Villarruel sigue siendo la presidenta del Senado. Esta es la gente que hace que haya sesiones, la que labura para que usted pueda gestionar. Valórela, no la menosprecie", expresó ante los trabajadores reunidos.
Por su parte, Villarruel firmó el 30 de octubre una reestructuración administrativa del Senado y ordenó recategorizar a los empleados de las categorías inferiores (de la 5 a la 14) para mejorar sus ingresos. Además, evalúa implementar un premio al presentismo, medida que podría buscar distender el conflicto sindical.
La situación es seguida con atención desde distintos sectores del país, incluidos los catamarqueños, atentos a cómo las decisiones del Congreso y el uso de los DNU podrían impactar en la distribución de recursos federales y las políticas públicas a nivel provincial.
