El Senado de la Nación retomó este martes el debate sobre la ampliación de la Corte Suprema de Justicia, en la que fue la primera actividad oficial tras el receso invernal. El plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales reabrió la discusión con la participación de expertos convocados para analizar los proyectos que buscan modificar la cantidad de integrantes del máximo tribunal.
A pesar de la reactivación del debate, desde el oficialismo dejaron en claro que no impulsarán ninguna definición hasta después de las elecciones de octubre. Así lo deslizó la senadora Alejandra Vigo, presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, quien adelantó que en el próximo encuentro buscará sumar la voz de algún representante de la Casa Rosada, aunque el Ejecutivo mantiene su postura de no intervenir públicamente en el tema por el momento.
La jornada de exposiciones comenzó con la participación del abogado constitucionalista Diego Armesto, quien puso el foco en la desigualdad de género dentro de la Corte. "De 109 jueces designados a lo largo de la historia, solo tres fueron mujeres. Esto representa apenas el 3% del total, lo que refleja una desigualdad estructural que sigue siendo una deuda pendiente del sistema democrático", señaló.
En relación al número de integrantes, Armesto cuestionó los argumentos que promueven la ampliación como solución a la demora en la resolución de causas. "Algunos sostienen que más jueces agilizarían los tiempos de la Corte, pero es todo lo contrario: a mayor cantidad de magistrados, más extensa será la circulación de expedientes y más lento el dictado de fallos", explicó.
El especialista también criticó las iniciativas que buscan garantizar la representación de cada rama del derecho o de cada jurisdicción provincial en la composición del tribunal. En ese sentido, apuntó contra el proyecto de la senadora Juliana Di Tullio, que promueve la federalización en la designación de jueces. "Si se pretendiera que la Corte represente a todas las provincias, deberíamos tener 23 jueces, o 24 si sumamos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", ironizó.
Aunque el oficialismo insiste en la necesidad de seguir debatiendo, la postura generalizada dentro del bloque es postergar cualquier avance legislativo hasta después de los comicios.