La situación de la fábrica Textilcom se complica aún más, esta vez por un embargo de $14.393.020. Pasado el mediodía del lunes, la oficial de justicia Verónica Robert, junto a personal del Poder Judicial, se presentó en la planta ubicada sobre calle Echeverría 651, para hacer el inventario de bienes correspondiente en el marco del embargo que trabó contra la textil el Juzgado de Primera Instancia del Trabajo de Cuarta Nominación, a cargo de la jueza Silvina Andrea Fullana, que interviene en el reclamo indemnizatorio de cuatro trabajadoras despedidas durante el primer trimestre de este año.
La medida es en concepto del capital reclamado, de los cuales el 30% refiere a la suma de $ 4.319.406 en que se calculan de intereses y costas provisorias.
Recordemos que la fábrica continúa tomada por los trabajadores despedidos en mayo. Precisamente, fueron los propios empleados quienes recibieron al personal judicial y, que, tras idas y vueltas, permitieron ingresar a la planta a los funcionarios judiciales. Los operarios comentaron a este medio que no fueron notificados y que sorpresivamente tomaron conocimiento del embargo.
Afuera, permanecían en vigilia las cuatro mujeres que llevan adelante el proceso contra la firma. “En total somos cuatro compañeras despedidas entre enero y febrero, y a partir desde ese momento nunca se llegó a un acuerdo con el dueño de la fábrica”, comentó Candelaria a LA UNIÓN, exoperaria, quien detalló que la empresa les adeuda aportes previsionales, de obra social, sueldos y liquidación final.
“Nosotros venimos desde hace tiempo manejándonos por la justicia, yendo a la DIL, luego al sindicato y finalmente al Ministerio de Trabajo, pero no nos llevaron el apunte. Y ahora les dan la prioridad a los que recién fueron despedidos”, lamentó.
El abogado de las exempleadas, Francisco Arias Gibert, acompañó a la auxiliar de Justicia para que cumpla con la tarea que le encomendó la magistrada. “La confiscación es por una deuda que mantenía la fábrica textil con cuatro empleadas que fueron desvinculadas a principio de año. Hicimos un embargo preventivo por el monto que reclamaban mis clientas”, explicó Arias Gibert en diálogo con LA UNIÓN.
Asimismo, el letrado relató que el único bien secuestrado en esta ocasión fue la ropa fabricada dado que las máquinas de producción ya se encontraban embargadas. “No se tocó las garantías que tienen los demás trabajadores que son las máquinas textiles que están embargadas y depositados a nombre de una de las chicas”, relató.
