Este martes, la reunión de Gabinete encabezada por Javier Milei reunió a toda la cúpula del gobierno nacional, salvo una figura clave: la vicepresidenta Victoria Villarruel. Su ausencia volvió a evidenciar el distanciamiento con el oficialismo, justo un día antes de que el Senado trate un proyecto sensible para el sistema político argentino: la ley de Ficha Limpia. Si se aprueba, quedará convertida en ley.
Durante la jornada se multiplicaron las versiones sobre la viabilidad del proyecto. En un principio, desde el entorno presidencial se mostraban escépticos. "No están los votos", sostenían fuentes cercanas a Casa Rosada, quienes incluso dudaban del respaldo de cinco senadores que el PRO daba por asegurados.
Sin embargo, la situación cambió por la tarde. El jefe del bloque libertario, Ezequiel Atauche, visitó la Casa Rosada y, tras una reunión con el operador Eduardo "Lule" Menem, afirmó que el oficialismo tiene los votos necesarios para avanzar con la iniciativa.
En el Senado, la cautela predomina. Desde el cuerpo legislativo evitaron responder a las especulaciones y señalaron que todo se definirá en la reunión de Labor Parlamentaria prevista para las 17, donde se establecerá el temario de la sesión. La discusión en el recinto, que inicialmente estaba prevista para las 14, podría adelantarse a las 11.
Aunque algunos libertarios insisten en poner en duda la viabilidad del proyecto, otros bloques interpretan que ya no hay razones para demorar el tratamiento. De hecho, el bloque de La Libertad Avanza difundió un comunicado donde plantea sumar al debate una moción para congelar las dietas de los senadores. "Hay legisladores que no están muy motivados para venir a votarse una baja de sueldo", ironizó un referente libertario.
El PRO, principal impulsor de la norma, reaccionó con molestia. "¿Cómo puede ser que ahora no estén los votos si Francos dijo hace días que ya estaban asegurados?", expresó un senador a favor del proyecto, en referencia al jefe de Gabinete, Guillermo Francos.
Desde el Ejecutivo aclaran que nunca hubo una confirmación categórica. "Siempre se habló en potencial. Pero con el apoyo de los senadores de Santa Cruz, creemos que los números están. Si no falla nadie, se aprueba", afirman en Casa Rosada.
Para ser sancionada, la ley de Ficha Limpia necesita 37 votos afirmativos, sin importar el número de senadores presentes. Unión por la Patria, con 34 bancas, es el único bloque que votará en contra en su totalidad. Del otro lado, hay 38 legisladores que, en teoría, acompañarían la iniciativa. Dos ausencias imprevistas podrían cambiar el resultado.
La desconfianza sobre la voluntad del oficialismo para empujar el proyecto tiene una raíz política: la ley fue impulsada originalmente por Silvia Lospennato, diputada nacional del PRO y actual candidata a legisladora porteña. Su aprobación sería una victoria directa para el macrismo a pocos días de las elecciones en CABA.
Un intento previo del PRO por avanzar con la norma en Diputados fracasó dos veces por falta de quórum. Ante ese escenario, el Ejecutivo presentó su propia versión, que fue aprobada en febrero en la Cámara baja.
Además, Ficha Limpia podría impactar directamente en figuras como Cristina Kirchner, inhabilitándolas para futuras candidaturas si la ley prospera. Esto genera tensión en los contactos informales que los libertarios mantienen con sectores del kirchnerismo en el Senado.
La falta de apoyo en la Cámara Alta ya complicó otras iniciativas del Gobierno, como el intento fallido de designar jueces para la Corte Suprema. Aún hay más de 200 cargos en la Justicia que siguen sin avanzar, en una estrategia diseñada por el asesor presidencial Santiago Caputo junto a Sebastián Amerio, número dos del Ministerio de Justicia.
Actualmente, la legislación argentina solo impide ser candidato a quienes tienen condenas firmes. La Ley de Partidos Políticos (23.298) establece que solo los excluidos del padrón -es decir, condenados con pena de prisión efectiva durante el cumplimiento de la misma- están inhabilitados. El Código Penal también contempla inhabilitaciones absolutas en casos de delitos cometidos en el ejercicio de cargos públicos, siempre con sentencia firme.
El proyecto en debate introduce una modificación sustancial: bastará una condena confirmada en segunda instancia por la Cámara Federal de Casación Penal para impedir una candidatura. Con esta reforma, los delitos contra la administración pública se convertirían en una barrera inmediata para participar en elecciones, sin necesidad de esperar la sentencia definitiva.