Sin apoyo político en el Senado y, peor aún, sin el acompañamiento de sus colegas judiciales que valoran su formación y prestigio, las horas de Manuel García-Mansilla como juez de la Corte Suprema parecen contadas. Al menos ese es el clima que se percibe dentro del Máximo Tribunal.

Breve racconto: tras anunciarlo como candidato hace más de un año, pero sin conseguir siquiera un dictamen de comisión, el jurista fue nombrado por decreto a fines de febrero por el presidente Javier Milei y logró jurar como cuarto miembro de la Corte, en un acto que compartió con el presidente Horacio Rosatti, más Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

Pero apenas un mes después, 51 sobre 72 integrantes de la Cámara alta votaron en su contra. En paralelo, una cautelar de un juez (Alejo Ramos Padilla) falló que no debe actuar en ese rol durante tres meses.

Así, García-Mansilla, que había sido nominado con menos polémica incluso que el poderoso magistrado federal Ariel Lijo, quedó completamente debilitado. Tanto, que el mismo jueves a la mañana, según pudo reconstruir Clarín, aseguró en una charla íntima que renunciaría.

Pero esto no ocurrió y luego hizo trascender otra maniobra: que consultaría a sus pares de la Corte sobre qué debería hacer. Tampoco lo hizo ni de manera presencial (el viernes no se presentó en su oficina del cuarto piso de Tribunales) ni de manera remota.

Acaso alguien lo pudo haber advertido: fuentes opositoras en el Senado especulaban que, en caso de mandar esa nota, que un punto desacataba lo que acababa de votar el cuerpo, podría ser causal de juicio político.

El escenario en el Congreso para García-Mansilla es negro oscuro: se juntaron el kirchnerismo, parte del macrismo, el radicalismo y hasta tuvo reparos de sectores libertarios. No lo defiende nadie. O casi, porque se espera que este lunes entre un par saltum contra la cautelar de Ramos Padilla para ganar tiempo.

El pedido sería del Gobierno que nombró al juez. En ámbitos políticos y judiciales se especula con que sólo sería estirar la agonía. E incluso se convertiría en un (otro) tiro en el pie del oficialismo: le darían aire a Cristina Kirchner para seguir dando pelea.

La expresidenta, se recuerda, tiene una condena firma de Casación Penal por corrupción, que prevé 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos. Su defensa presentó un recurso final, que debe tratar la Corte. Todo lo que pueda influir y embarullar sobre la conformación del Máximo Tribunal, Cristina lo hará. Está contra la pared. Sólo le queda pelear hacia adelante. (Fuente Clarín)