La cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) atraviesa una instancia judicial decisiva. En el marco de la causa que investiga la supuesta retención indebida de aportes previsionales y tributarios, los dirigentes Víctor Blanco, expresidente de Racing y exsecretario general de la entidad, y Cristian Malaspina, actual presidente de Argentinos Juniors y secretario de la AFA, se presentaron ante el Juzgado Nacional en lo Penal Económico para ejercer su derecho a defensa.

Negación de responsabilidad y pedido de sobreseimiento

Tras su paso por los tribunales de Comodoro Py, Víctor Blanco mantuvo una postura tajante frente a la prensa. El exdirigente, quien ocupó el cargo de secretario general hasta 2024, fue enfático al declarar que ya no posee responsabilidades en la asociación y subrayó su desvinculación con el área operativa-contable de la institución. "No soy más dirigente de la AFA", afirmó ante los micrófonos, reiterando que su inocencia es absoluta respecto a los cargos que se le imputan.

Blanco presentó un escrito ante el juez Diego Amarante, titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico, donde solicitó su sobreseimiento. Según su argumento defensivo, él no operaba la clave fiscal necesaria para efectuar los pagos de seguridad social. "No me ocupaba de la parte contable, ni operaba la clave. No tuve responsabilidad", insistió Blanco, marcando una distancia operativa con los mecanismos de pago que se encuentran bajo investigación. Por su parte, Cristian Malaspina también presentó un escrito ante la justicia, sumándose a la estrategia defensiva de negar haber tenido injerencia directa en las presuntas irregularidades.

El origen de la denuncia y los montos bajo la lupa

La causa fue iniciada por una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que actúa como querellante en este proceso. El organismo sostiene que la entidad madre del fútbol argentino habría retenido tributos y aportes de la seguridad social sin ingresarlos al fisco en los plazos legales establecidos. Según la normativa vigente, estos depósitos deben realizarse dentro de los 30 días corridos posteriores al vencimiento. Los períodos analizados por la Justicia comprenden desde marzo de 2024 hasta septiembre de 2025.

La magnitud del perjuicio económico denunciado ha escalado considerablemente desde el inicio de la investigación. El expediente comenzó con una denuncia inicial de 7.593 millones de pesos, pero tras la incorporación de nuevos elementos, se sumaron 11.759 millones de pesos adicionales, llevando el monto total investigado a una cifra superior a los 19.300 millones de pesos.

Pruebas técnicas y el rol de las autoridades

Para avanzar en las indagatorias, el juez Amarante valoró un informe técnico detallado sobre el flujo de fondos de la AFA. Las pruebas incluyen informes bancarios que documentan la constitución de plazos fijos en pesos y dólares, además de ingresos operativos significativos. En diciembre de 2024, la entidad registró acreditaciones por más de 45.072 millones de pesos, mientras que, durante 2025, el flujo de ingresos superó los 453.449 millones de pesos.

Un testimonio clave que complica el panorama es el de la contadora Mónica Bouvet, gerente de Administración y Control. Según sus declaraciones, la estructura jerárquica que firma los estados contables recae sobre el Presidente, el Secretario y el Tesorero. Bouvet detalló que su área confecciona la declaración jurada mediante el sistema SIRE y que, tras informar los vencimientos vía mail, remite un cuadro de deuda acumulada a las autoridades, quienes finalmente imparten la instrucción de pago.

A pesar de que la defensa de Claudio "Chiqui" Tapia sostiene que el delito no existió porque la deuda fue cancelada, solicitando la nulidad del llamado a indagatoria, el juez Amarante rechazó el planteo. El magistrado ratificó la continuidad del proceso y estableció el calendario para las próximas presentaciones, que incluyen la declaración del tesorero Pablo Toviggino el 11 de marzo y, finalmente, la del presidente Claudio "Chiqui" Tapia el jueves 12 de marzo. La gravedad de la situación radica en la figura penal aplicada, ya que el incumplimiento como agente de retención, cuando el monto no ingresado supera los 100.000 pesos mensuales, prevé penas de prisión de dos a seis años. La Justicia busca determinar si, a pesar de los ingresos millonarios, existió una maniobra deliberada para postergar el cumplimiento de las obligaciones fiscales.