Mientras el Gobierno de Javier Milei intenta asimilar la derrota en las elecciones legislativas bonaerenses, enfrenta un frente judicial de alto voltaje: la causa por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
El jueves por la noche, el exasesor presidencial Fernando Cerimedo se presentó espontáneamente ante la Justicia y declaró durante más de cuatro horas ante el fiscal Franco Picardi. Allí ratificó el contenido de los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, extitular de la ANDIS.
Al día siguiente, Picardi ordenó tres procedimientos en simultáneo. Uno de los allanamientos se realizó en una caja de seguridad del Banco Francés a nombre de Spagnuolo, donde se encontraron 80 mil dólares y 2 mil euros.
Otro operativo incluyó el relevamiento de ingresos y egresos en el country Alto de Campo Grande, en Villa Rosa (Pilar), donde vive el exfuncionario, desde enero de 2024 hasta el inicio de la causa judicial. También se realizaron controles en el Pato Country Club, en Berazategui, en una propiedad de Daniel María Garbellini, quien fue el número dos de la ANDIS.
En su testimonio, Cerimedo aseguró que Spagnuolo le había relatado personalmente lo mismo que quedó registrado en los audios. Un dato adicional llamó la atención: la esposa de Cerimedo se desempeñó como auditora en la Agencia Nacional de Discapacidad.
Las inconsistencias patrimoniales también quedaron bajo la lupa. Spagnuolo declaró tener 25 mil dólares al ingresar a la función pública en 2024, pero ahora se le encontraron 55 mil más en su caja de seguridad. El exdirector todavía no presentó la declaración jurada obligatoria tras dejar el cargo, cuyo plazo vence el 21 de septiembre.
En paralelo, los abogados defensores de Spagnuolo renunciaron el viernes, pocas horas después de los allanamientos. Alegaron motivos personales y recordaron el secreto profesional entre abogado y cliente.
Si no logra justificar el origen del dinero, Spagnuolo podría ser imputado por enriquecimiento ilícito. La Justicia también investiga posibles sobreprecios en operaciones de la ANDIS y el retorno de presuntas coimas que habrían quedado expuestas en los audios filtrados.
El jueves próximo debería levantarse el secreto de sumario y definirse además el pedido de nulidad presentado por los abogados de la droguería Suizo Argentina, Jonathan y Emmanuel Kovalivker.
