La Justicia Federal acelera la investigación del caso de supuestos sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) con la apertura de los teléfonos celulares secuestrados durante los allanamientos del pasado viernes. La Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) ya trabaja en el peritaje de estos dispositivos, considerados un "tesoro" por los investigadores.
En el centro de la escena están los dos teléfonos incautados a Diego Spagnuolo, extitular de la Andis, que fue hallado por la policía en su casa del barrio Altos de Campo Grande, en Pilar, justo cuando se disponía a abandonar el lugar en su camioneta. Además de los celulares, en el operativo se le secuestraron documentos y una máquina de contar billetes.
Otro de los dispositivos pertenece a Daniel Garbellini, exdirector de Acceso a los Servicios de Salud de la Andis y el único que aportó la clave para desbloquear su celular. El tercero corresponde al empresario Emmanuel Kovalivker, directivo de la droguería Suizo Argentina, cuyo teléfono Samsung de última generación podría presentar dificultades para ser abierto.
La investigación, a cargo del fiscal federal Franco Picardi, busca corroborar el presunto pago de sobornos en el área de Discapacidad. A pesar de que el caso se originó con la difusión de audios clandestinos y editados, donde una voz atribuida a Spagnuolo hace alusión a cobros y menciona a Karina Milei, la Justicia aún no ha citado a declarar a los investigados.
La búsqueda de los hermanos Kovalivker
La causa también avanza en paralelo con la búsqueda de Jonathan Kovalivker, hermano de Emmanuel, quien logró escapar del allanamiento. En su domicilio se encontró una caja de seguridad abierta, con banditas elásticas esparcidas por el piso, un indicio de un intento de fuga frustrado.
Emmanuel, por su parte, fue interceptado en Nordelta cuando intentaba irse con más de 260.000 dólares. Además de este dinero, la policía incautó siete millones de pesos en su poder y 50.000 dólares en la casa de su hermano.
La investigación también se centra en la revisión de expedientes de compras de medicamentos recuperados por los investigadores. En colaboración con la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), la fiscalía examinará estos documentos en busca de posibles irregularidades como sobreprecios o cartelización. Se espera que el análisis de estas pruebas, junto con el contenido de los celulares, pueda derivar en nuevos procedimientos y revelar la existencia de terceros involucrados.
