La semana política en Argentina se encuentra marcada por el avance del escándalo Libra, un caso que ha generado fuerte controversia tras la promoción de una criptomoneda por parte del presidente Javier Milei en su cuenta oficial de X. Este martes, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, deberá comparecer ante la Cámara de Diputados como primer funcionario interpelado por el caso. El miércoles, la atención se trasladará a la constitución de la comisión investigadora, en una pulseada crucial que definirá su conducción y podría determinar el futuro de la causa.
El escándalo Libra y la agenda parlamentaria: interpelaciones, tensiones y estrategias cruzadas
El epicentro del caso gira en torno a la promoción de la criptomoneda Libra por parte del mandatario el pasado 14 de febrero. La oposición, liderada por el kirchnerismo, la izquierda y sectores de la Coalición Cívica, logró avanzar en el Congreso con una serie de interpelaciones clave. La Cámara baja aprobó con 128 votos afirmativos (contra 93 negativos y siete abstenciones) la citación a varios funcionarios: Luis Caputo (ministro de Economía), Mariano Cúneo Libarona (Justicia), y Roberto Silva (CNV), aunque solo Francos confirmó su presencia hasta el momento.
Los bloques opositores también intentaron citar a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, y al vocero presidencial Manuel Adorni, sin éxito por ahora.
Comisión investigadora por el caso Libra: empate de fuerzas y una presidencia en disputa
El miércoles se formalizará la comisión investigadora, compuesta por 28 diputados con una paridad exacta entre el oficialismo y la oposición. Según la resolución firmada por Martín Menem, presidente de la Cámara, los bloques de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, Coalición Cívica y el FIT reúnen 14 representantes. Del otro lado, La Libertad Avanza, PRO, UCR, Innovación Federal y la Liga del Interior, todos aliados del oficialismo, suman los otros 14.
Este empate legislativo plantea una incógnita clave: quién asumirá la presidencia de la comisión, ya que el reglamento impide que el titular tenga voto doble en caso de empate. Además, deberán definirse los cargos de vicepresidente y secretario. La falta de consenso podría paralizar el funcionamiento del organismo e impedir avances concretos en la investigación.
Atribuciones de la comisión investigadora: citaciones, denuncias y responsabilidades políticas
La comisión investigadora del Congreso tendrá amplias facultades legales para esclarecer los hechos vinculados a la difusión pública de Libra desde el Ejecutivo. Podrá solicitar documentos, informes, antecedentes y hasta citar a funcionarios públicos, incluyendo al propio Presidente y su hermana, Karina Milei.
En ese sentido, buscará determinar el grado de participación y la responsabilidad política de Milei, pero también de la secretaria de la Presidencia, Karina Milei, del vocero presidencial, Manuel Adorni, de Caputo y los demás funcionarios públicos involucrados en el caso.
Tendrá diferentes atribuciones y competencias, como remitir oficios y solicitar informes, documentos y antecedentes que sean relevantes al objeto de la investigación a entes públicos o privados, incluyendo sin limitación a cualquier funcionario de los distintos poderes de la Nación. Es decir, podría citar al Presidente y a su hermana. También tiene entre sus facultades tomar declaraciones testimoniales y recibir denuncias.
El tiempo de trabajo será de tres meses para la producción de sus informes, dictámenes y conclusiones. Una vez agotado el objeto de la investigación o transcurrido el plazo máximo fijado, y dentro de los 30 días corridos, debe elevar un informe final a Diputados detallando los hechos investigados y los resultados obtenidos.
El Congreso define su papel frente al caso Libra y el impacto institucional podría ser profundo
La semana política en Argentina estará marcada por decisiones clave en torno al caso Libra, un escándalo que ya toca los niveles más altos del poder ejecutivo. Con la interpelación de Francos y la creación de la comisión investigadora, el Congreso pone en juego su capacidad de control y fiscalización. La paridad entre oficialismo y oposición añade incertidumbre, pero también subraya la importancia de construir consensos para avanzar en la transparencia institucional.
