La reciente marcha de jubilados en la Ciudad de Buenos Aires derivó en una serie de incidentes que generaron destrozos significativos en el espacio público, daños a patrulleros y comercios, y enfrentamientos con la Policía de la Ciudad. Según el ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, los destrozos superan los 400 millones de pesos, lo que ha llevado al Gobierno de la Ciudad a tomar medidas legales contra los responsables.
Daños millonarios y caos en la vía pública
Durante la protesta, se registraron daños en 89 contenedores de basura, la destrucción de dos patrulleros y cuatro motos policiales, así como afectaciones al mobiliario urbano y a diversos comercios. Tapia calificó los hechos como "un ataque a las instituciones y a todos los porteños", desestimando que se tratara de una manifestación legítima.
El Gobierno porteño ha manifestado su firme intención de identificar a los responsables y exigirles la reparación de los daños. "Tendrán que hacerse responsables del daño patrimonial a la ciudad", advirtió el funcionario.
Liberación de los detenidos y controversia judicial
Un total de 114 personas fueron detenidas tras los disturbios. Sin embargo, la jueza Karina Andrade, del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N°15, ordenó su liberación en un fallo que generó gran polémica. Tapia criticó duramente la decisión de la magistrada y anticipó que el Gobierno porteño se presentará como querellante en la causa, además de plantear su recusación.
"La fiscalía tiene 48 horas para resolver la situación de los detenidos, pero antes de que transcurriera ese plazo, la jueza dispuso la liberación. ¿Cómo vas a decir que los dejás en libertad para defender el derecho constitucional a manifestarse? Fue un ataque coordinado, no una manifestación", señaló Tapia.
Un sistema organizado con antecedentes penales
El jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri, también se pronunció al respecto, asegurando que "más de la mitad de los detenidos" poseían antecedentes penales por delitos como violación reiterada a la ley de drogas, atentado y resistencia a la autoridad, daños, robo y lesiones. "Vamos a llevar frente a la Justicia a todos los detenidos. Hay una causa abierta y la vamos a perseguir hasta el final", afirmó Macri.
El Gobierno porteño insiste en que se trató de una acción organizada con fines de generar caos y violencia en la ciudad. "Vimos a grupos violentos muy organizados que vinieron a sembrar el caos y la destrucción, a romper, quemar y lastimar a los policías. La violencia no tiene justificación política", sentenció el mandatario porteño.
Un conflicto con consecuencias legales y políticas
Los incidentes en la marcha de jubilados han generado una crisis política y legal que continúa en desarrollo. Mientras el Gobierno de la Ciudad busca responsabilizar a los manifestantes por los destrozos y llevar el caso a la Justicia, la polémica por la liberación de los detenidos y la actuación judicial sigue creciendo. En las próximas semanas, se espera que la fiscalía avance con la investigación y que el Ejecutivo porteño refuerce su postura en la causa. La discusión sobre la protesta social y su impacto en la seguridad pública vuelve a estar en el centro del debate.
