La reciente expulsión del senador Edgardo Kueider del Senado ha generado un fuerte cruce institucional y político, con el Gobierno cuestionando la validez de la sesión en la que se tomó esta decisión. Según fuentes de la Casa Rosada, la sesión podría ser declarada nula debido a supuestas irregularidades constitucionales relacionadas con la participación de la vicepresidenta, Victoria Villarruel, quien habría ejercido funciones incompatibles de forma simultánea como presidenta del Senado y presidenta en ejercicio de la Nación.

El conflicto constitucional

El eje de la controversia radica en que el presidente Javier Milei se encontraba en Italia al momento de la sesión, delegando automáticamente el poder en su vicepresidenta. Sin embargo, Villarruel estaba presente en el Congreso dirigiendo la sesión, una situación que podría considerarse incompatible bajo la Constitución Nacional.

Fuentes del Gobierno sugieren que cualquier legislador, incluido el propio Kueider, o el Poder Ejecutivo, podrían pedir la nulidad de la sesión. Un abogado constitucionalista consultado señaló que esta denuncia podría tramitarse ante el Fuero Contencioso Administrativo o el Penal. Si se avanza con esta estrategia, la proclamación de Stefanía Cora, quien ocuparía la banca vacante y responde directamente a Cristina Kirchner, quedaría en suspenso hasta que se resuelva la cuestión judicial.

La expulsión de Kueider no solo afecta la composición del Senado, sino que complica las proyecciones de poder. Cora, como nueva senadora, fortalecería al Frente de Todos, acercándolo a tener quórum propio. Sin embargo, si se declara nula la sesión, el oficialismo ganaría tiempo para operar sin que se modifique la actual configuración de fuerzas.

Kueider había mostrado cierta cercanía con el oficialismo, como evidenció su apoyo a la votación de la Ley Bases. Este vínculo funcional quedó en tensión tras los recientes eventos, pero la reacción del Ejecutivo podría posicionarlo como un aliado estratégico si se logra revertir su expulsión.

El papel del PRO y las divisiones en el Senado

La decisión de expulsar a Kueider también estuvo influida por un cambio de postura dentro del PRO, que originalmente se inclinaba por una suspensión temporal en lugar de una expulsión definitiva. Según fuentes del Ejecutivo, esta modificación en el criterio habría facilitado el desenlace, junto con el pedido de desafuero emitido por la jueza federal Sandra Arroyo Salgado.

Unión por la Patria había solicitado una sesión especial para suspender a Kueider, pero la incorporación de otros temas al temario, como la situación del senador Oscar Parrilli (procesado por su presunta vinculación al Memorándum con Irán), complicó la dinámica. Aunque lograron proteger a Parrilli, el kirchnerismo no pudo evitar que el oficialismo expulsara al representante entrerriano.

Edgardo Kueider fue detenido en el Puente de la Amistad cuando intentaba ingresar a Paraguay con 200 mil dólares sin declarar. La justicia paraguaya dictó arresto domiciliario para el legislador, quien presentó una solicitud de licencia legislativa en Argentina. Sin embargo, esto no impidió su expulsión del Senado, una medida que algunos consideran desproporcionada dada la ausencia de una condena firme.

El Gobierno analiza la estrategia para invalidar la sesión mientras evalúa el impacto político de mantener a Stefanía Cora fuera de la Cámara alta. En paralelo, el caso Kueider sigue generando tensiones entre los bloques legislativos, en un escenario donde cada voto cuenta para definir el control del Senado.