En la misma semana en que el Tribunal Oral Federal N°7 comenzó el juicio por la denominada "Causa de los Cuadernos de las Coimas" —considerado por su magnitud como el proceso de corrupción más grande de la historia argentina—, se conocieron videos que habrían sido grabados por el propio Oscar Centeno, el chofer remisero que desató el escándalo en 2018.
Las imágenes, según trascendió, mostrarían recorridos que Centeno realizaba en cumplimiento de sus funciones y que incluirían incluso la Quinta de Olivos, residencia presidencial, lo que generó un fuerte impacto político y mediático en el arranque de un juicio histórico.
El proceso judicial comenzó formalmente este jueves y tiene como imputados a 87 acusados, entre los que se encuentran 19 exfuncionarios kirchneristas, dos choferes y 65 empresarios vinculados a la obra pública, la energía y la construcción. La causa investiga una presunta asociación ilícita dedicada a la recaudación sistemática de sobornos entre 2003 y 2015.
Los acusados del lado político
En el banquillo de los principales imputados figura la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, señalada como "jefa de una asociación ilícita, coautora de 204 cohechos pasivos y partícipe necesaria de un cohecho pasivo".
Junto a ella, también serán juzgados Julio De Vido, exministro de Planificación Federal, acusado de ser "organizador de la asociación ilícita y coautor de 187 cohechos pasivos"; y Roberto Baratta, exsubsecretario de Coordinación, imputado como "organizador y autor de múltiples hechos de cohecho pasivo".
El propio Oscar Centeno, exchofer de Baratta y autor de los cuadernos que dieron nombre a la causa, será juzgado por su rol dentro de la organización y por no haber denunciado los hechos, luego de que su exesposa, Hilda Horovitz, entregara los cuadernos a la Justicia.
También enfrentan acusaciones Ricardo Jaime, Juan Pablo Schiavi, Nelson Lazarte, Claudio Uberti, José López, Rudy Ulloa, Walter Fagyas y Juan Manuel Abal Medina, entre otros exfuncionarios del entorno kirchnerista.
Los empresarios involucrados
Del otro lado, la nómina de imputados incluye a reconocidos empresarios del país, acusados de cohecho activo, es decir, de pagar coimas a funcionarios para obtener contratos de obra pública o favores del Estado.
Entre ellos figuran Aldo Benito Roggio, presidente del Grupo Roggio y de Metrovías, imputado como "autor de tres cohechos activos y coautor de doce más"; Ángelo Calcaterra, primo del expresidente Mauricio Macri y exaccionista de IECSA, acusado como "autor de 16 cohechos activos y coautor de otros cuatro"; Enrique Menotti Pescarmona, titular de IMPSA, señalado como "autor de trece cohechos activos"; y Armando Roberto Loson, del Grupo Albanesi, imputado por diez hechos similares.
También serán juzgados Juan Carlos de Goycoechea, exdirectivo de Isolux, y Carlos Wagner, expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción, considerado uno de los principales articuladores del esquema.
Un juicio monumental
El juicio oral se desarrollará en formato híbrido, con la participación de los acusados y sus defensas a través de la plataforma Zoom, dado que "no existe una sala judicial en el país lo suficientemente grande" para albergar a todos los participantes.
En total, 626 testigos fueron propuestos para declarar y los cuatro expedientes principales serán juzgados de manera conjunta. Las audiencias, al menos hasta el 4 de diciembre, se transmitirán por el canal de YouTube de la Corte Suprema de Justicia, donde se dará lectura a los requerimientos de elevación a juicio y a los fundamentos de cada acusación.
Cabe recordar que al menos 20 de los imputados —entre ellos, empresarios como Calcaterra, Roggio y Pescarmona, y exfuncionarios como José López y Claudio Uberti— se acogieron al régimen de imputados colaboradores, previsto por la Ley 27.304, que permite obtener reducciones de condena a cambio de brindar información útil para la investigación.
La aparición de los nuevos videos atribuidos a Centeno promete sumar tensión a un proceso judicial ya cargado de expectativa pública, en el que se pondrán bajo la lupa más de una década de vínculos entre el poder político y el empresariado argentino.