La Argentina enfrenta diversos reclamos en tribunales internacionales, pero el juicio en Estados Unidos por la expropiación de YPF se presenta como el más relevante. El país carga con una condena de primera instancia por US$16.000 millones, mientras aguarda una resolución favorable de la apelación que podría dejar sin efecto cualquier intento de ejecución del fallo original.
En ese contexto, el Gobierno nacional acusó a los demandantes de hostigar al país durante el proceso judicial. La situación se originó a partir de que la Argentina interpuso el recurso de apelación sin haber depositado las garantías exigidas, lo que habilita a los beneficiarios del fallo a continuar con los intentos de cobro mientras se tramita la revisión de la sentencia.
Los demandantes, financiados por el fondo Burford, buscan avanzar por distintas vías y no descartan solicitar sanciones. Entre las estrategias que evalúan figura la posibilidad de demostrar que ciertas instituciones, como el Banco Central, el Banco Nación o Aerolíneas Argentinas, actúan como "alter ego" del Estado argentino, con el objetivo de embargar activos de esas entidades.
Como parte de este proceso, se desarrolla una etapa de discovery, en la que los beneficiarios del fallo reclaman que la Argentina entregue chats y correos electrónicos de funcionarios actuales y anteriores. En las últimas semanas, los fondos Eton Park y Petersen intensificaron la presión para que se presenten esas comunicaciones y advirtieron que, en caso de no obtener la información solicitada, pedirán sanciones, entre ellas la declaración de desacato por las demoras.
La Argentina informó a la jueza Loretta Preska que se trata de comunicaciones privadas y que, por lo tanto, se requiere el consentimiento de las personas involucradas antes de su entrega.
El Gobierno acusó a los demandantes por hostigamiento
Fuentes oficiales calificaron la orden de discovery como "un intento inadmisible de hostigamiento contra un Estado soberano y sus funcionarios", en contradicción con el derecho internacional público y con las normas que regulan las relaciones entre Estados.
Este miércoles, la Procuración del Tesoro, a cargo de la defensa argentina, aclaró que el país no se encuentra en desacato. "La República Argentina está cumpliendo plenamente con todas las decisiones judiciales vigentes", señalaron desde el organismo.
Asimismo, indicaron que se apeló la orden de Preska que exige la entrega de comunicaciones personales de funcionarios y exfuncionarios, al considerarla ilegítima e ilegal tanto bajo el derecho argentino como el estadounidense.
Desde la Procuración explicaron que se vienen realizando entregas parciales y periódicas de la información relevada y que se colabora activamente para obtener el consentimiento de los funcionarios y exfuncionarios involucrados.
En el Gobierno interpretaron el avance del discovery como una estrategia para desviar la atención del momento adverso que atraviesa el litigio y lo vincularon con la fuerte caída que registraron este año las acciones de Burford Capital.
Las fechas clave del juicio por YPF en 2026
En relación con la apelación principal ante la Cámara, aún no hay una fecha prevista para la resolución. Las proyecciones más optimistas señalan que el fallo podría conocerse en los primeros meses del próximo año, mientras que Burford considera que el proceso podría extenderse hasta 2027.
En cuanto al discovery destinado a determinar eventuales "alter ego" de la Argentina, la jueza Preska aceptó el cronograma propuesto por los beneficiarios del fallo:
El 15 de enero, los demandantes presentarán sus argumentos.
La Argentina podrá responder hasta el 19 de febrero.
Los beneficiarios del fallo tendrán plazo para replicar hasta el 5 de marzo.
Los días 23 y 24 de marzo de 2026 quedaron reservados para una audiencia probatoria.
El desarrollo del juicio por YPF sigue de cerca la agenda económica nacional y genera atención en provincias con actividad energética y minera, como Catamarca, ante el impacto potencial de una sentencia definitiva.