El Gobierno nacional anunció que recusará al juez federal Ernesto Kreplak, a cargo de la causa que investiga las muertes por fentanilo contaminado. La decisión se fundamenta en un presunto conflicto de intereses, ya que el magistrado es hermano de Nicolás Kreplak, ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires.
El principal argumento del Ejecutivo, según pudo saber Noticias Argentinas, es que el laboratorio HLB Pharma, en el centro de la investigación, es un importante proveedor del ministerio que dirige el hermano del juez. Este vínculo familiar generaría dudas sobre la imparcialidad de la investigación, que ya registra 97 muertes confirmadas y podría sumar más víctimas no registradas.
Cuestionamientos desde el Congreso
La decisión del Gobierno surge tras las fuertes críticas de la oposición en el Congreso. Diputados como Alejandro Finocchiaro (PRO) y Silvana Giudici (PRO) cuestionaron el desempeño del juez, señalando la lentitud de la investigación y la incompatibilidad de que Kreplak investigue una causa que involucra a la cartera de su hermano.
En contraste, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, había mantenido una posición más cauta. En declaraciones recientes, había expresado su confianza en el juez, asegurando que "si él siente algo se apartará". Sin embargo, la postura del Gobierno nacional ahora avanza en la dirección opuesta, impulsando su apartamiento formal de la causa.
La investigación sigue su curso
Más allá del debate político, la causa judicial avanza con varias líneas de investigación activas:
97 muertes confirmadas: La cifra de fallecidos continúa aumentando. Se investigan nuevos posibles casos en diversas provincias como Formosa, Córdoba, Santa Fe y Bahía Blanca.
Pericia clave: El juez Kreplak había ordenado un peritaje en la Facultad de Ciencias Exactas de La Plata para analizar una ampolla de fentanilo no contaminado. El objetivo es encontrar pistas sobre el origen de la adulteración.
Investigación a la ANMAT: Una fiscalía examinará la actuación del organismo de control sobre los laboratorios durante los últimos cinco años, buscando posibles fallos en la supervisión.
Hipótesis de sabotaje: Los dueños de los laboratorios implicados, que tienen prohibida la salida del país, se defienden con la teoría de un sabotaje. Incluso señalan a un exdiputado provincial que habría intentado sustraer ampollas para el mercado negro.