La tragedia del fentanilo adulterado, que ha provocado la muerte de 98 personas, se ha convertido en una de las principales preocupaciones de la sociedad argentina. Una reciente encuesta de Poliarquía revela que una abrumadora mayoría de la población desaprueba la actuación de las autoridades sanitarias y judiciales, al tiempo que sospecha de la existencia de vínculos entre los responsables y el poder político y el crimen organizado.
El estudio, realizado entre el 13 y el 15 de agosto a 600 personas, muestra que el 71% de los encuestados está informado sobre el caso y un 80% manifiesta su preocupación por la seguridad de los medicamentos. Estas cifras reflejan un interés creciente y una mirada crítica por parte de la ciudadanía.
La reprobación a las instituciones
La encuesta, con un margen de error de +/- 4%, explora las responsabilidades percibidas por la sociedad. La pregunta "¿A quién considera usted más responsable por lo ocurrido con el fentanilo adulterado?" arrojó que el 31% señala a las autoridades del Ministerio de Salud nacional como los principales responsables, seguidos de un 29% que considera que la responsabilidad es "de todos por igual". Por otro lado, solo un 13% responsabiliza a los laboratorios que fabricaron el producto, un dato que subraya la percepción de que la crisis es, ante todo, una falla del Estado.
La desaprobación se extiende a todas las esferas de control. Según la encuesta:
La actuación del Ministerio de Salud es calificada como "mala" o "muy mala" por una amplia mayoría. Apenas un 7% considera que actuó bien.
La ANMAT también ve su credibilidad debilitada: el 41% la considera poco o nada confiable. El sistema judicial es percibido como ineficaz, con un 52% de los encuestados que evalúa su accionar de forma negativa.
Sospechas de protección y vínculos con el narcotráfico
Uno de los hallazgos más contundentes del estudio es la fuerte creencia de la población en la existencia de complicidad. El 68% de los encuestados considera "muy probable" que los dueños de los laboratorios implicados, como Ariel García Furfaro, contaran con protección política o judicial para operar sin controles. Un 16% adicional lo ve como "posible". Solo el 12% descarta esa posibilidad.
"Estas percepciones refuerzan la idea de connivencia y corrupción estructural, donde la falta de controles efectivos se asocia a un patrón recurrente en la Argentina", explicó Melina Patti, directora de Proyectos de Poliarquía.
Además, el estudio abordó la posible conexión con el crimen organizado. Al preguntar si creían que existían vínculos entre los laboratorios y redes de narcotráfico, un contundente 68% respondió afirmativamente, frente a solo un 14% que no lo cree.
La crisis ya ha impactado en la confianza del sistema de salud: un 45% de los argentinos consideraría posponer un tratamiento médico si lo necesitara. Las cifras son claras: la sociedad exige respuestas y una investigación profunda, al considerar que este tema debe ser una prioridad urgente para el Gobierno y el Congreso.
