El Gobierno confirmó este martes que apelará ante la Justicia el fallo de primera instancia que declaró inconstitucional el decreto de Javier Milei que había frenado la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y ordenó al Poder Ejecutivo avanzar con su cumplimiento inmediato.
La resolución fue dictada por el juez federal Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, luego de que hiciera lugar a los amparos presentados por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Universidad de Buenos Aires (UBA). La decisión judicial alcanza una norma vigente desde 2025 que contempla recursos vinculados con distintos aspectos del sistema universitario, entre ellos salarios, becas, investigación y partidas destinadas a las instituciones.
El magistrado invalidó específicamente la cláusula del decreto 759/2025 que subordinaba la ejecución de la ley a la definición de los recursos presupuestarios. Al mismo tiempo, ordenó al Ejecutivo dictar las normas reglamentarias necesarias para garantizar su "cumplimiento inmediato".
El cuestionamiento al decreto 759/2025
En los fundamentos de su resolución, Cormick consideró que el mecanismo utilizado por el Gobierno era "extraconstitucional", porque permitía bloquear la aplicación de una ley que había sido ratificada por ambas cámaras del Congreso.
El juez sostuvo que la propia Ley de Financiamiento Universitario contiene herramientas destinadas a posibilitar su financiamiento. En particular, señaló que el artículo 9 contempla la adecuación de partidas y la utilización de los ingresos corrientes que superen lo presupuestado, sin afectar la coparticipación correspondiente a las provincias.
La ley había sido sancionada en agosto de 2025, impulsada por la oposición. Después del veto presidencial de Milei, tanto la Cámara de Diputados como el Senado reunieron los votos necesarios para insistir con la norma.
En octubre de ese mismo año, el Ejecutivo promulgó la ley mediante el decreto 759/2025. Sin embargo, estableció como condición para su ejecución que el Congreso determinara las fuentes de financiamiento y que las partidas correspondientes fueran incorporadas al presupuesto. Respecto del impacto económico de la norma, el juez citó una estimación de la Oficina de Presupuesto del Congreso, según la cual durante 2025 el costo de la ley representaba el 0,23% del Producto Bruto Interno (PBI).
La cautelar y la polémica
El nuevo fallo se produce sobre un expediente que ya contaba con una decisión judicial relevante. En diciembre de 2025, Cormick había dictado una medida cautelar que ordenó aplicar de manera inmediata los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario.
Esos artículos están vinculados con la recomposición de los salarios docentes y no docentes y con la actualización de las becas estudiantiles. La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó posteriormente aquella medida. Finalmente, el 25 de junio, la Corte Suprema rechazó el recurso extraordinario presentado por el Estado.
De esta manera, la cautelar quedó firme mientras continuaba el debate sobre la cuestión de fondo, que fue abordada ahora por el juez Cormick en su nueva resolución.
Salarios y funcionamiento
En paralelo al conflicto judicial, el Poder Ejecutivo sostiene que viene cumpliendo con las medidas reclamadas. En ese marco, el 10 de junio firmó con el CIN y los gremios universitarios un acta que contemplaba una recomposición del 24,33% de la masa salarial y una actualización del 20% para los gastos de funcionamiento.
Con ese acuerdo, el Gobierno solicitó que se levantara la medida cautelar. Sin embargo, Cormick rechazó el pedido el 1 de septiembre, al considerar que el Estado no había acreditado una solución definitiva para el deterioro salarial.
La negociación volvió a fracasar el 17 de septiembre, cuando el Ejecutivo mantuvo una oferta adicional del 3% y comunicó que la aplicaría aun sin alcanzar un acuerdo con los gremios.
Las organizaciones sindicales rechazaron esa propuesta y mantienen el reclamo por un diferencial mayor.
La Justicia volvió a cuestionar el nivel de cumplimiento
Dos semanas antes del nuevo fallo, el juez había señalado que "no existe cumplimiento total" de la medida y había otorgado al Ejecutivo un plazo de cinco días para acatarla, bajo apercibimiento de aplicar multas por cada día de demora.
El Gobierno pidió revocar esa intimación y presentó sus propios argumentos sobre la evolución salarial. Según la posición oficial, los aumentos acumulados desde diciembre de 2023 habían alcanzado el 226,8%, una cifra que, de acuerdo con el Ejecutivo, se ubicaba por encima del 226,46% de inflación tomado como referencia para el período hasta agosto de 2025.
Cormick cuestionó ese cálculo y sostuvo que no estaba acreditada la actualización salarial conforme a las variables establecidas por la ley.
El magistrado también rechazó la interpretación oficial respecto de las becas, que las limitaba al programa Manuel Belgrano. El monto mensual de esa beca había sido llevado este año a $187.495.
Posteriormente, el 30 de septiembre, Cormick volvió a otorgar al Gobierno un plazo de cinco días y reconoció únicamente un cumplimiento parcial de las obligaciones establecidas judicialmente.
El Presupuesto 2027, otro punto de conflicto
La disputa no se limita al ámbito judicial. El financiamiento de las universidades también continúa siendo objeto de discusión en el Congreso de la Nación. El proyecto de Presupuesto 2027 asigna $7,349 mil millones al funcionamiento, la inversión y los programas especiales de las universidades nacionales.
El CIN considera insuficiente ese monto y reclamó una asignación cercana a los $11 mil millones.
La diferencia entre ambas cifras constituye otro de los puntos centrales del conflicto que atraviesa actualmente al sistema universitario, en un escenario en el que todavía permanecen abiertas las discusiones sobre salarios, becas, gastos de funcionamiento y recursos destinados a las instituciones.