La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó este martes la vigencia de la medida cautelar dictada a favor de las universidades públicas, luego de que la Corte Suprema de Justicia rechazara el recurso extraordinario presentado por el Estado Nacional. Con esta resolución, la cautelar continúa plenamente vigente y el Gobierno deberá cumplir con la asignación de los recursos previstos por la Ley de Financiamiento Universitario mientras continúa la discusión sobre el fondo de la causa.

La decisión representa un nuevo capítulo en el conflicto judicial originado por la aplicación de la normativa aprobada por el Congreso en 2025 y determina que la medida no podrá ser suspendida durante el trámite judicial restante.

En consecuencia, el expediente fue remitido nuevamente al juzgado de primera instancia para avanzar con la ejecución plena de la resolución cautelar.

La resolución de la Cámara

La decisión fue adoptada por la Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, que resolvió que el recurso de apelación presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) contra la suspensión de la ejecución de la medida cautelar había quedado abstracto.

La Cámara explicó que esa conclusión se fundamenta en que la Corte Suprema rechazó el recurso extraordinario federal presentado por el Estado Nacional.

Según el tribunal, esa decisión eliminó el único fundamento que sostenía la suspensión de la ejecución de la cautelar.

Como consecuencia directa de ese criterio, quedó sin efecto cualquier posibilidad de mantener suspendida la medida judicial. La resolución también dispone que el expediente regrese al juzgado de origen para que la cautelar sea ejecutada en su totalidad.

De este modo, mientras continúa el análisis del fondo de la causa, la medida judicial permanecerá vigente y no podrá ser suspendida.

El Estado deberá actualizar salarios y becas

La decisión judicial obliga al Estado Nacional a disponer las partidas presupuestarias necesarias para cumplir con los alcances de la cautelar.

Entre los aspectos contemplados por la resolución se encuentran:

• Actualización de los salarios docentes.
• Actualización de los salarios del personal no docente.
• Recomposición de las becas estudiantiles.

La medida implica que estos recursos deberán asignarse mientras continúa el proceso judicial destinado a resolver definitivamente la controversia sobre la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

El origen del conflicto

La disputa judicial se inició a partir del Decreto 759/25, mediante el cual el Gobierno nacional condicionó la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada por el Congreso durante 2025.

Esa ley había sido vetada por el Poder Ejecutivo, pero posteriormente fue ratificada por ambas cámaras del Congreso, luego de obtener un amplio respaldo legislativo y de las movilizaciones protagonizadas por la comunidad universitaria. La norma establece, entre otros aspectos, la actualización salarial para trabajadores docentes y no docentes y la recomposición de programas de becas, incluyendo el Programa Progresar.

Frente a la demora en la implementación de esas disposiciones, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), junto con gremios docentes, promovió un amparo colectivo, dando inicio al proceso judicial que continúa desarrollándose.

La intervención de la Corte Suprema

Uno de los antecedentes centrales de este proceso ocurrió en junio, cuando la Corte Suprema de Justicia dejó firme la cautelar que obliga al Gobierno a aplicar dos artículos de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario.

Al rechazar el recurso extraordinario interpuesto por el Poder Ejecutivo, el máximo tribunal mantuvo vigente la actualización salarial y la recomposición de los programas estudiantiles previstos en la legislación.

La resolución fue firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. El fallo estuvo referido a la causa iniciada por el Consejo Interuniversitario Nacional contra el Decreto 759/25, mediante el cual el Gobierno había intentado suspender la aplicación de los artículos vinculados con la actualización de salarios y los fondos destinados a becas y programas académicos.

Con esa decisión, la Corte dejó vigente la medida cautelar y permitió que el proceso continuara en la Cámara Contencioso Administrativo Federal.

El antecedente del acuerdo presupuestario

La decisión de la Corte Suprema se produjo semanas después de que el Gobierno nacional alcanzara un acuerdo para transferir recursos a las universidades nacionales.

Ese entendimiento contempló:

• Un incremento del 24,33% en los salarios.
• Un aumento del 20% en los gastos de funcionamiento.
• La ampliación de las partidas destinadas a hospitales universitarios hasta los $50.000.000.000.

Según habían explicado entonces desde la comunidad universitaria a TN, esa propuesta representaba elevar el presupuesto universitario desde el 0,5% del Producto Bruto Interno (PBI) hasta el 0,6%.

Sin embargo, la Ley de Financiamiento Universitario vigente establece un nivel de financiamiento equivalente al 0,75% del PBI, diferencia que forma parte del debate sobre la aplicación integral de la norma.

El proceso judicial continúa

Con la decisión adoptada ahora por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, la medida cautelar permanece plenamente vigente y el expediente vuelve a la primera instancia para su ejecución.

Mientras tanto, la discusión sobre el fondo de la causa continuará su curso hasta que exista una sentencia definitiva respecto de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

Hasta ese momento, la actualización de salarios docentes y no docentes y la recomposición de las becas estudiantiles deberán mantenerse bajo el alcance de la medida cautelar ratificada por la Justicia.