El Gobierno Nacional alcanzó un acuerdo fundamental con los representantes del sector de practicaje que contempla una reducción del 20% en las tarifas del servicio. A raíz de este entendimiento, se informó el restablecimiento inmediato de las tareas de asistencia a la navegación de buques en las vías navegables del país, las cuales se encontraban completamente paralizadas.

Como parte central del pacto, el entendimiento incluye la suspensión del Decreto 690/2026. Dicha normativa había desregulado el reglamento vigente para la actividad desde el año 1991 y se constituyó como el desencadenante directo del conflicto con los prácticos. En este sentido, fuentes oficiales recalcaron que el Poder Ejecutivo resolvió suspender de manera temporal la aplicación de la medida.

Con la firma del acta y el firme compromiso de mantener abierto el canal de negociación, los prácticos retomarán la prestación regular de sus servicios en los puertos de manera inmediata mientras continúan las conversaciones en el marco de la mesa técnica instalada. Desde el sector, la respuesta ante la desestimación por parte del Gobierno se resumió en una sola palabra: "Alivio". Este sentimiento estuvo fundamentado en la magnitud del impacto económico, ya que el parate en los puertos representaba una pérdida de más de US$4,5 millones diarios para el campo.

La Creación de la Mesa de Trabajo Conjunta

Como parte de los compromisos asumidos en el entendimiento, el Poder Ejecutivo dispuso la creación de una mesa de trabajo conjunta para debatir los distintos aspectos normativos y operativos que componen la actividad. Este era un pedido específico en el que el sector agroexportador había hecho hincapié para poder llegar a un acuerdo definitivo.

Esta instancia de diálogo estará bajo la coordinación del Gobierno Nacional y contará con la participación formal de los siguientes actores institucionales:

Representantes del Ministerio de Seguridad.

Representantes del Ministerio de Defensa.

Otros organismos competentes en la materia.

Según el oficialismo, el espacio buscará avanzar en la revisión puntual de los ejes contemplados en el decreto de desregulación para poder alcanzar, de esta manera, un consenso definitivo entre todas las partes involucradas.

El Origen del Conflicto y la Visión Oficial

El caos en las vías navegables comenzó de manera formal cuando se publicó el Decreto 690/2026, una iniciativa impulsada firmemente por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. La nueva normativa derogaba la reglamentación vigente desde 1991 e implementó una reestructuración integral de todo el sistema marítimo y fluvial del país.

El texto oficial de la medida contenía modificaciones profundas en la operativa náutica, detalladas en los siguientes puntos clave:

Exención de contratación: Se eximía de contratar prácticos a los capitanes extranjeros que contaran con experiencia.

Ampliación de dimensiones: Se ampliaban las dimensiones de los barcos para los cuales es obligatorio requerir asistencia.

Eliminación de cupos: Se eliminaba por completo el límite de cupos para que un profesional pudiera inscribirse como práctico.

Facultades a Prefectura: Se habilitaba a la Prefectura a prestar el servicio por cuenta propia.

Supresión geográfica: Se suprimía la segmentación por tramos geográficos —un mecanismo que obligaba a rotar de práctico durante un mismo recorrido—.

Flexibilización laboral: Se flexibilizaban los traslados del personal y se ampliaban las exenciones de contratación para determinados buques específicos.

Al momento de explicar los cambios introducidos por la normativa que hoy se encuentra suspendida temporalmente, el ministro Federico Sturzenegger había manifestado su postura con una frase contundente: "La Argentina necesita que sus ríos sean una autopista para el desarrollo, no un kiosco regulatorio". Hoy, con la apertura de la mesa técnica y la tregua firmada, el escenario entra en una etapa de revisión institucional y diálogo coordinado.