El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, reconoció este viernes que el plan del Gobierno para habilitar el uso de dólares no declarados enfrenta obstáculos legales que han retrasado su implementación. Las declaraciones de Francos contradicen las explicaciones previas del vocero presidencial, Manuel Adorni, quien había atribuido la demora a una estrategia para evitar ataques políticos.
"Todavía tiene que definirse el encuadre jurídico, que no es sencillo. Uno tiene la idea y después hay que encuadrarla", afirmó Francos en diálogo con la prensa, haciendo referencia a los desafíos normativos que complican la medida.
El vocero Adorni había asegurado que la postergación del anuncio buscaba evitar que sectores de la oposición calificaran la iniciativa como "electoralista". En un comunicado, Adorni sostuvo: "No vamos a permitir que el kirchnerismo tenga la oportunidad de acusar de electoralista un paquete de medidas trascendentales para todos los ahorristas argentinos".
Sin embargo, Francos aclaró que el verdadero desafío radica en alinear la medida con las normativas internacionales que regulan el flujo de capitales. Argentina es miembro del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo que establece estrictas normas contra el lavado de dinero.
"Por supuesto que hay normas internacionales. Argentina está adherida al GAFI y cumplimos con todas las regulaciones. No digo que compliquen, pero hay que poder explicarlo bien, cómo es y cómo se justifica para llevarlo adelante", subrayó el funcionario.
Además, Francos advirtió que uno de los principales obstáculos es cómo justificar la procedencia de los fondos, aspecto que podría entrar en conflicto con el blanqueo fiscal lanzado el año pasado. Según detalló, la evaluación técnica está a cargo del Ministerio de Economía, con el apoyo del Banco Central y otros organismos estatales que deberán emitir normas complementarias para que el plan pueda avanzar.