La tensión política en torno a la gestión de los recursos naturales ha sumado un nuevo capítulo de confrontación directa en la agenda nacional. La Coalición Cívica ha manifestado de manera oficial su firme rechazo a las modificaciones que el Gobierno Nacional impulsa sobre la actual Ley de Glaciares, ratificando su defensa de la normativa vigente como una herramienta jurídica y social inalienable. Para el espacio liderado por el diputado nacional Maximiliano Ferraro, la intención del Poder Ejecutivo de reformular el marco normativo no solo pone en riesgo ecosistemas extremadamente frágiles, sino que amenaza de forma directa el acceso a un recurso vital y estratégico para la soberanía del país: el agua potable.
En este contexto de alerta institucional, Ferraro, quien además ejerce la presidencia del espacio político, se trasladó a la provincia de Mendoza con una agenda centrada exclusivamente en la defensa técnica y legislativa de la norma. El objetivo central de este desplazamiento estratégico fue ratificar que la ley actual constituye una verdadera política de Estado cuya vigencia es clave para la protección de los hielos continentales y las cuencas hídricas que abastecen a gran parte del territorio argentino, especialmente en las zonas áridas donde la dependencia de los ríos de deshielo es total.
Ciencia y política: el eje de la defensa territorial
La elección de la provincia de Mendoza como sede para esta movida política no fue azarosa, dado que la región cuyana representa el epicentro del estudio glaciológico en el país. Allí, el legislador nacional mantuvo encuentros de alto nivel con referentes científicos especializados en la materia, buscando sustentar su postura política en la evidencia científica y alejándose de una discusión puramente ideológica para centrarse en los datos técnicos que avalan la protección de los cuerpos de hielo.
Durante su visita, Ferraro se reunió con miembros del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), organismo que funciona como la referencia nacional indiscutida en el estudio, inventario y monitoreo de los glaciares. Asimismo, mantuvo diálogos con investigadores del Centro Científico Tecnológico de Mendoza para profundizar en las implicancias que tendría un posible cambio en la delimitación de las áreas protegidas y se entrevistó con legisladores de distintos bloques para articular una resistencia legislativa que trascienda las fronteras partidarias y se enfoque en la preservación de los bienes comunes.
El debate sobre el desarrollo y la sostenibilidad productiva
Uno de los puntos más álgidos y recurrentes en la discusión pública radica en la premisa de si la normativa ambiental vigente obstaculiza el crecimiento económico, particularmente en el sector de la minería a gran escala. Ante este planteo, Ferraro fue tajante al afirmar que la Ley de Glaciares no debe ser interpretada bajo ninguna circunstancia como una traba al desarrollo, sino que debe entenderse como la garantía básica para que las actividades productivas puedan sostenerse de manera saludable en el tiempo. Según la visión de la Coalición Cívica, la protección del ambiente es lo que permite que el sistema productivo sea viable a largo plazo al no agotar los recursos hídricos que lo alimentan.
Desde el espacio político remarcaron que cualquier modificación que suponga retrocesos en materia ambiental afectará de manera irreversible el derecho al agua de las poblaciones locales. La normativa vigente se presenta así como un marco de protección que prioriza este recurso como un bien común fundamental, indispensable para el consumo humano y para la estabilidad de las generaciones presentes y futuras en un escenario global signado por el estrés hídrico y el avance del cambio climático sobre los ecosistemas de alta montaña.
La protección del ambiente periglacial y la evidencia científica
El cuestionamiento de la Coalición Cívica apunta con especial preocupación a los posibles cambios en la protección del ambiente periglacial. Este entorno técnico, que rodea a los glaciares y contiene enormes reservas de agua congelada en el suelo, es considerado por los especialistas como una reserva estratégica fundamental que regula el caudal de los ríos durante las épocas de sequía severa. Por este motivo, el partido insiste en la necesidad de promover un debate que sea serio, informado y estrictamente basado en la evidencia científica recolectada por los organismos competentes durante décadas de investigación en la Cordillera de los Andes.
En este sentido, la defensa de la normativa se apoya en la idea de que la protección ambiental debe ser integral, abarcando no solo el cuerpo de hielo visible, sino todo el sistema hídrico de montaña que garantiza el nacimiento de las cuencas. Maximiliano Ferraro reafirmó su compromiso inquebrantable de rechazar en el Congreso cualquier iniciativa que debilite la ley, subrayando que la protección de los glaciares es una cuestión de supervivencia ambiental y soberanía de recursos que no puede quedar supeditada a intereses comerciales inmediatos o presiones coyunturales que ignoren el valor del agua como derecho humano.