La Corte Suprema de Justicia enfrenta un escenario de alta tensión institucional tras la medida cautelar dictada por el juez federal Alejo Ramos Padilla, quien ordenó al recientemente designado juez Manuel García-Mansilla abstenerse de firmar resoluciones durante 90 días. La decisión surge mientras se analiza la validez del Decreto 137/2025, mediante el cual el presidente Javier Milei designó a García-Mansilla y Ariel Lijo como jueces en comisión, tras el rechazo del Senado a sus respectivos pliegos.
La Corte, que ya notificó la medida, atraviesa un momento crítico. Aunque García-Mansilla prestó juramento y fue incorporado formalmente, el rechazo legislativo de su nombramiento generó dudas sobre la legitimidad de sus decisiones y abrió la puerta a impugnaciones masivas de los fallos en los que participe.
Un decreto presidencial en el centro del conflicto institucional
El Decreto 137/25, firmado el 26 de febrero, se ampara en el artículo 99 inciso 19 de la Constitución Nacional, que permite designaciones en comisión durante el receso legislativo. Sin embargo, su legalidad fue impugnada mediante un amparo colectivo que ahora tramita en el juzgado de Ramos Padilla. Pese a los intentos del Gobierno por trasladar la causa a la justicia contenciosa administrativa, el juez ratificó su competencia y la validez del amparo como herramienta para proteger derechos constitucionales.
Mientras tanto, el Gobierno nacional defendió la constitucionalidad del decreto y recusó a Ramos Padilla, aunque sin éxito. En paralelo, se acumulan voces críticas desde el ámbito académico y judicial, que cuestionan la permanencia de García-Mansilla en el cargo tras el rechazo de su pliego por 51 votos en contra en el Senado, superando ampliamente la mayoría necesaria.
El impacto político y jurídico: ¿puede seguir firmando fallos?
El ingreso de García-Mansilla a la Corte, sin aval del Senado, expone a la institución a un clima de inseguridad jurídica. Sus tres colegas en el tribunal aún no tomaron una decisión formal sobre su continuidad, pero reconocen el riesgo de que sus fallos sean objeto de judicialización.
Según el ex juez Rodolfo Barra, la designación en comisión otorga plenos poderes hasta el 30 de noviembre del año legislativo siguiente, salvo proceso de remoción. Sin embargo, especialistas advierten que cualquier fallo posterior al rechazo del Senado podría ser impugnado, debilitando la legitimidad de la Corte como intérprete final de la Constitución.
En este contexto, Ricardo Lorenzetti, ministro del máximo tribunal, se desmarcó de la situación al afirmar: "Yo nunca aceptaría ser designado por decreto". Subrayó que la Corte sigue funcionando, pero remarcó que las instituciones deben prevalecer sobre las decisiones personales.
Presión académica y legal: más de 40 juristas piden su remoción
La controversia escaló con el pronunciamiento público de más de 40 constitucionalistas y docentes universitarios, entre ellos Daniel Rafecas, Daniel Sabsay y Roberto Gargarella, quienes reclamaron el cese inmediato de García-Mansilla en la Corte Suprema. Alegan que su permanencia vulnera garantías judiciales y compromete la legitimidad del tribunal.
Por su parte, García-Mansilla respondió a Ramos Padilla en un escrito donde sostuvo que solo puede ser removido mediante juicio político, y que un juez no puede cesar a otro juez. Reforzó la postura del oficialismo de que su designación es válida hasta el final del período establecido.