El Gobierno nacional mantuvo este jueves una reunión con residentes del Hospital Garrahan, epicentro de un creciente conflicto por los bajos salarios en el sistema de salud pública. Aunque las autoridades sanitarias se mostraron por primera vez abiertas al diálogo, no ofrecieron una propuesta concreta de recomposición salarial y evalúan implementar un plus por productividad, cuyos detalles aún no fueron definidos.

Desde el Ministerio de Salud aseguran que no hay un problema presupuestario, sino de "eficiencia en el gasto". En ese sentido, apuntan contra los gremios y el personal administrativo por una presunta mala distribución de fondos que, sostienen, debería destinarse al personal médico. Como ejemplo, fuentes oficiales señalaron que el presupuesto en gastos corrientes y de capital creció un 241% en lo que va de 2025, pasando de 48 millones a 165 millones de pesos. A pesar de eso, los sueldos de los médicos siguen deteriorándose: calculan una pérdida del 40% del poder adquisitivo.

El conflicto, que se profundizó en los últimos días con medidas de fuerza impulsadas por los residentes, obligó a suspender una nueva protesta prevista para hoy debido a la conciliación obligatoria. La situación agrava el funcionamiento del hospital, que depende en buena parte del trabajo de médicos en formación.

La reunión se llevó a cabo este mediodía en la sede del Ministerio de Salud, a pedido de los residentes, que reclaman condiciones laborales dignas y sueldos por encima de la línea de pobreza. Aunque el encuentro marcó un primer acercamiento formal, no se presentaron propuestas concretas y la incertidumbre persiste.

Desde la cartera conducida por Mario Lugones —cercano al asesor presidencial Santiago Caputo— reconocen el atraso salarial, pero minimizan la magnitud del conflicto, al que atribuyen motivaciones gremiales. "Está fogoneado por sindicatos que no quieren perder sus privilegios", afirman en privado. Los médicos, sin embargo, insisten en que la situación es insostenible.

"Puede ser que algunos quieran mantener beneficios, pero eso no quita que estemos ganando miserias y que el hospital se vacíe", respondió un pediatra no agremiado, con más de 20 años de experiencia y un salario de 1,8 millones de pesos mensuales.

Entre las medidas anunciadas, el Gobierno destaca el aumento del 15% por tareas de alta complejidad y la suba de la hora de guardia a 8.000 pesos. Además, adelantaron que se implementará un plus salarial por productividad, aunque sin fecha ni modalidad definida. La idea ya generó malestar entre el personal de planta. "Estamos las ocho horas, trabajamos a destajo, pero no hay suficiente personal. No se trata de rendir más, sino de que no damos abasto", comentó un médico con doble especialidad.

Desde el Ministerio aseguran que los puestos vacantes han sido cubiertos, pero en el hospital denuncian que los reemplazos son insuficientes. "No es fácil encontrar profesionales con este nivel de formación. Se necesitan años para formarlos", advirtió otro médico.

Paralelamente, las autoridades anunciaron la implementación obligatoria de un sistema biométrico para el control horario, que se aplicará a todo el personal: médicos, enfermeros, camilleros y administrativos. "Esto es para todos. El que no cumpla, se va", aseguró un alto funcionario. El objetivo declarado es reducir la planta administrativa, que —según cifras oficiales— duplica a la de médicos de planta: 953 contra 478.

El Gobierno descarta que estas políticas desalienten la permanencia en el sistema público. Pero en los hospitales, la percepción es otra: crece la migración hacia el sector privado, donde muchos profesionales trabajan en paralelo o directamente se trasladan en busca de mejores condiciones.

"Por ahora no hay un problema de deserción", insisten en el Ministerio. Sin embargo, los médicos afirman que la planta profesional se reduce año tras año y que el éxodo es difícil de revertir. "Una vez que se van, no vuelven", aseguran.