El gobierno de la provincia de Neuquén dispuso el despido de Nicolás Salvatori, hijo del exgobernador Pedro Salvatori, quien hasta esta semana integraba la planta permanente del Ministerio de Energía provincial. La cesantía se produjo luego de que se documentara una conducta que motivó denuncias y derivó en un sumario administrativo, en el que se acreditaron ausencias injustificadas y falta de cumplimiento de funciones.
Medios locales identificaron al ahora ex funcionario como un "ñoqui VIP", en referencia a su vínculo con la política y a la modalidad detectada por los mecanismos de control interno. Según se informó, los dispositivos de control de personal y las cámaras de seguridad registraron que Salvatori fichaba su ingreso al edificio y se retiraba casi de inmediato, sin completar la jornada laboral ni desarrollar tareas.
La conducta quedó documentada en cinco registros fílmicos correspondientes a fechas específicas de mayo y junio de 2025, lo que permitió impulsar el procedimiento administrativo que se había iniciado el año anterior. En ese marco, se verificaron ausencias injustificadas, tanto continuas como intermitentes, y la inexistencia de tareas efectivamente realizadas.
El sumario administrativo y las conclusiones oficiales
La Junta de Disciplina de la Administración Pública Provincial concluyó que Salvatori no prestó servicios durante el período investigado, más allá de haber registrado su asistencia en el sistema. El sumario, abierto en junio de 2025, tuvo por objeto corroborar si el agente había faltado "de manera injustificada, continua y discontinua".
Las indagaciones determinaron que el ex funcionario no dejó constancia de tareas realizadas entre julio de 2020 y junio de 2024, un lapso de casi cuatro años. Además, de acuerdo con información publicada por el Diario Río Negro, se detectaron otras irregularidades administrativas:
Carecía de usuario en el sistema digital GDE, herramienta obligatoria para la gestión administrativa.
No cumplió con las capacitaciones exigidas por la normativa vigente.
No presentó licencias justificadas.
No entregó las declaraciones juradas requeridas.
En el decreto de despido se señala que la conducta de Salvatori transgredió el Convenio Colectivo de Trabajo y el Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública de la Provincia de Neuquén, configurando una falta grave en el marco del régimen disciplinario.
Como medida preventiva, el gobierno provincial resolvió su suspensión sin goce de haberes, al tiempo que avanzaba el proceso administrativo y judicial.
La acusación penal por presunto fraude
En paralelo al trámite administrativo, la Fiscalía de Neuquén presentó una denuncia penal contra Salvatori por presunto fraude a la administración pública, tipificado en el artículo 174, inciso 5, del Código Penal. El planteo sostiene que el ex funcionario habría cobrado salarios durante casi cuatro años sin cumplir funciones, generando un perjuicio económico para las arcas provinciales.
En el proceso judicial, la Fiscalía solicitó ser reconocida como parte querellante y anticipó que ampliará la presentación con el monto total del perjuicio estimado, una vez que se determine el saldo exacto. Asimismo, el gobernador instruyó la activación de los mecanismos necesarios para recuperar las sumas percibidas.
La directiva oficial establece que, si la recuperación no fuera posible, se dará intervención a la Fiscalía de Estado ante la posible configuración de enriquecimiento sin causa en perjuicio de la administración provincial.
Un apellido con trayectoria en la función pública
El nombre de Salvatori posee amplio reconocimiento en la provincia por su prolongada trayectoria en el sector público y por su vínculo familiar con el ex mandatario provincial. Pedro Salvatori ejerció el máximo cargo local entre 1987 y 1991, período en el que consolidó su figura dentro del escenario político neuquino.
A lo largo de su carrera, Nicolás Salvatori ocupó cargos de relevancia, entre ellos:
La presidencia del Ente Provincial de Energía.
La subsecretaría de Planificación y Desarrollo Sustentable.
La dirección del Instituto Autárquico de Desarrollo Productivo (IADEP) durante la gestión de Jorge Sobisch.
Ese recorrido explica el impacto institucional y político que generó la decisión de cesantearlo de la planta permanente del Ministerio de Energía.
Un contexto de controles y otras investigaciones
La medida se enmarca en una serie de acciones impulsadas por el actual gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, desde el inicio de su mandato. Según se indicó, estas iniciativas buscan eliminar gastos innecesarios y mejorar la eficiencia en el uso del erario público, reforzando los controles sobre la administración.
El caso Salvatori no es el único que ha puesto bajo la lupa la gestión provincial. También se encuentra bajo investigación la ex vicegobernadora Gloria Ruiz, involucrada en una trama de presunta corrupción y desvío de fondos públicos junto a nueve personas sospechadas de haber participado en maniobras fraudulentas.
Los nombres de los presuntos cómplices de Ruiz se dieron a conocer el 9 de mayo, cuando el fiscal Pablo Vignaroli y personal de la Fiscalía de Delitos Económicos realizaron 14 allanamientos en domicilios particulares y una sede comercial en Plottier, Neuquén capital y General Roca, en Río Negro.
En este escenario, la cesantía y la denuncia penal contra Salvatori se integran a un cuadro más amplio de revisión de conductas administrativas y judicialización de presuntas irregularidades. La investigación penal y los mecanismos de recupero patrimonial marcarán ahora el pulso de un caso que combina responsabilidades individuales, controles institucionales y el impacto político de un apellido con historia en la provincia.
